Conflicto con la nueva normativa de los pisos vacacionales

El TSXG rechaza suspender el decreto de la Xunta que regula las viviendas turísticas

Se desestima así el recurso de Aviturga, que agrupa a los propietarios - El Alto Tribunal alega que no ve "perjuicio" en mantener la norma y que es necesaria "para ordenar" el sector

15.07.2017 | 04:55
Pisos turísticos en Sanxenxo. // Gustavo Santos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado en su totalidad la solicitud de suspensión del decreto de la Xunta que regula las viviendas destinadas al alquiler vacacional que presentó la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y que entró en vigor el pasado 10 de mayo.

El TSXG basa su decisión en dos razones. Por una parte, asegura que la demandante "no ha justificado razonablemente" los perjuicios que se tratan de evitar con la petición de la suspensión de la norma. Y por otra, considera que el decreto es necesario para "regular la incidencia" de la actividad "al poner en orden la oferta en un ámbito relevante como es la oferta turística en la comunidad". El auto, que impone el pago de las costas (500 euros) a la demandante, puede ser recurrido en el plazo de cinco días.

Desde que se conoció el proyecto a principios de año y se puso en marcha el 10 de mayo, los dueños de los pisos turísticos se mostraron contrarios al decreto de la Xunta. Entre los aspectos que critican están la exigencia de que las viviendas tengan la licencia de primera ocupación; que los ayuntamientos puedan decidir que en determinados barrios no se puedan alquilar casas o viviendas para los turistas o que no se puedan alquilar los pisos por habitaciones. Además, el decreto obliga a los propietarios de estos inmuebles a anotarse antes de que empiecen su actividad en el Registro de Empresas y Actividades de Turísticas (REAT) de Galicia y pagar una tasa de 56 euros.

El Alto Tribunal reconoce que para adoptar una medida tan relevante como es la suspensión cautelar es necesario que los solicitantes "justifiquen razonablemente" los perjuicios que con la suspensión tratan de evitar. "En el presente caso nada se ha ni siquiera alegado por lo que concurre un primer motivo para la denegación". "La asociación recurrente no interesa (sic) la medida cautelar de suspensión en relación con la totalidad del decreto, sino que discrimina de entre sus 45 artículos apartados de algunos de ellos" y además "se limita a interesar la suspensión en base a razones comunes para todos los artículos cuya suspensión pretende".

El segundo motivo por el que deniega la suspensión es porque considera que el decreto es necesario por "la incidencia que la actividad tiene en la actividad económica y social, las consecuencias en orden a la fiscalidad y tributación y las exigencias de garantías y seguridad de las personas usuarias". Y también por "la necesidad de atender a los casos de intrusismo y competencia desleal".

Por ello, señala el auto, "no cabe anteponer unas supuestas limitaciones a la libre concurrencia que no se acreditan, cuando parece que se intenta poner en orden la oferta en un ámbito relevante, como es la oferta turística en la comunidad". Si se consigue ese orden, argumenta el auto de ocho páginas, "se incrementaría por una parte la seguridad de que todos los ofertantes se acomoden a unas mismas exigencias y la garantía en los consumidores de que las ofertas que reciben responden a las exigencias impuestas en las normativas".

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) no quiso hacer valoraciones sobre el auto del TSXG hasta no analizarlo en profundidad. Por su parte, la Xunta celebró el dictamen y aseguró que el auto reconoce que el decreto "no limita ni restringe la competencia, sino que pone en orden la oferta en un ámbito relevante". Es más, el Ejecutivo gallego señaló que "el buen ritmo de solicitudes" recibidas desde su entrada en vigor revela que el decreto "no disminuye la oferta de este tipo de alojamientos, sino que la está incrementando debido a la mayor seguridad jurídica para poder ejercer la competencia".

En plena campaña de verano, la oferta reglada de pisos turísticos en Galicia ronda los 3.600 alojamientos. En dos meses, desde que el pasado 10 de mayo entró el vigor el decreto de la Xunta para la regularización de las viviendas vacacionales, solo se han dado de alta la mitad de las anunciados en plataformas online, en torno a 8.000.

El 85% de las viviendas registradas se concentran en las provincias de A Coruña y Pontevedra. En esta última está el mayor número de altas, con 2.000 (el 56% del total), según los datos de la Axencia Galega de Turismo. En los ayuntamientos turísticos coruñeses los pisos regularizados alcanzan los 1.050. El volumen en Lugo es mucho menor: 447. Y en Ourense, se registra la cifra más baja, con solo 65 peticiones de alta tramitadas.

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