Tras una investigación judicial que se prolongó más de cuatro años, la "Operación Patos, la trama en la que se indaga en presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, afronta ya una fase clave antes de que la instrucción llegue a su fin.

El fiscal especializado en Delitos Económicos de Vigo ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de la urbe olívica su informe con fecha de este 10 de julio referido a la causa principal, en la que solicita que de los más de 30 investigados que constan en la causa principal, solo se prosiga la tramitación de la misma, en piezas separadas, con respecto a 13 de ellos, de los cuales solo mantiene a uno de los políticos imputados, el expresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra Rafael Louzán. El resto de personas sobre las que solicita que se continúe el procedimiento, entre los que se encuentra el presunto cerebro de la trama, el dueño de Eiriña Enrique Alonso Pais, son empresarios o jefes de servicio o gabinete de varias de las administraciones investigadas.

Con respecto a los demás investigados, el fiscal, en un informe de 61 páginas, interesa "el sobreseimiento de los restantes hechos y en relación con todos los investigados no mencionados en los párrafos anteriores conforme a lo expuesto en las respectivas alegaciones de este escrito". Y entre los que se pide por tanto el archivo se encuentran la gran mayoría de políticos: el alcalde de Vigo, Abel Caballero; los concejales vigueses Ángel Rivas y David Regades la edil Isaura Abelairas que igual que el regidor solo estaba en la causa por unos supuestos regalos, que ellos negaron tajantemente desde un principio haber recibido; el exvicepresidente de la Diputación pontevedresa y actual concejal del PP en Vigo José Manuel Figueroa; y la expresidenta de la Delegación de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch.

Pieza separada

El fiscal pide continuar la tramitación de la causa mediante la deducción del oportuno testimonio y la apertura de la correspondiente pieza separada, a efectos del juicio, contra Enrique Alonso; su número dos en la empresa Jaime Alvariñas; Rafael Louzán; Manuel González Juanatey, que era jefe de los servicios técnicos de la Diputación; y dos empresarios en relación con las obras del campo de fútbol de Moraña al poder consitiuir los hechos "indiciariamente" delitos de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios.

Se pide lo mismo, es decir, la apertura de otra pieza separada de nuevo contra Alonso Pais y Alvariñas, así como sobre el jefe de División de Proyectos de la Autoridad Portuaria de Vigo, José Enrique Escolar; y sobre Alberto Torres por un posible delito de falsedad documental en relación con los hechos relativos a un contrato de la Autoridad Portuaria.

Solicita una nueva pieza contra el dueño de Eiriña, Julio Manuel Vázquez Martínez y Agustín Rodríguez Domínguez por otro posible delito de falsedad documental en relación en este caso con hechos relativos a la Asociación Pedra Moura de Coruxo. Y otra pieza que también interesa a la juez, para su tramitación por el procedimiento de jurado popular, es contra un funcionario por hechos referentes a pago a prostitutas.

Y finalmente, la última pieza que demanda que se abra por delitos también de falsedad es contra Jaime Alvariñas; José Manuel Carro Pellejero, empresario; y Luis Serantes, quien al momento de los hechos era jefe de gabinete del presidente de la Diputación.