El inicio del proceso de adjudicación de los nuevos servicios de autobuses aprobado el pasado jueves desvela las primeras cifras del impacto que tendrá el nuevo plan de transporte público en el actual mapa de movilidad. La Xunta ha aprobado la rescisión de 257 contratos de transporte escolar aún vigentes para avanzar hacia la integración de medio millar de líneas regulares en rutas de traslado de alumnado que comenzarán a operar en agosto, cuando caducan las licencias de traslado de viajeros a las que renunciaron hace un año 69 concesionarias por falta de rentabilidad.
La suspensión de estos contratos - de los cuales 129 tienen rutas en la provincia de Ourense, 58 en Pontevedra, 45 en Lugo y 25 en A Coruña - augura un recrudecimiento del conflicto entre el Ejecutivo y las empresas de autocares, que el jueves dieron por "roto" el diálogo con la Xunta. Cuando el pasado mayo el Gobierno autonómico aprobó la integración del traslado de viajeros en autobuses escolares, admitió que debería compensar económicamente a aquellas compañías que efectúan el servicio por anularles el contrato antes de finalizar el año. Entonces, las tres principales federaciones de transporte de viajeros por carretera - Transgacar, Anetra y Fegabús - vaticinaron "una dura pelea judicial" con la Xunta. Los empresarios la acusan de "extinguir unilateralmente" concesiones que, según defienden, no caducan en diciembre sino en el año 2020. Infraestructuras argumenta, sin embargo, que la prórroga de diez años dada a los convenios en el transporte escolar fue anulada por el Tribunal Supremo, al igual que pasó con las líneas regulares de viajeros, y que los contratos de las rutas de traslado de alumnado tienen una duración anual.
Esta discrepancia en torno a la caducidad de las concesiones ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Xunta y compañías de autocar, que temen que la unificación de servicios de transporte "condene el futuro de las pequeñas y medianas empresas del rural", que tienen en el traslado de estudiantes a los colegios su principal fuente de ingresos. Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, avanzó el jueves que el nuevo plan de transporte contemplaría medidas como la limitación del número de contratos a los que puede optar una misma compañía para favorecer a las de pequeña dimensión. La publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del acuerdo-marco en el que, además de la suspensión de los contratos escolares, se incluyen los criterios de adjudicación de las nuevas concesiones, concreta su anuncio en una cifra: el 25%. Será el número máximo de lotes que se podrán asignar a una misma empresa respecto al total de los que se oferten. Además, el Gobierno fija en el 30% el porcentaje máximo de subcontratación permitido en la prestación de servicios de cada concesión.
Xunta y sindicatos, más cerca
Tras el fiasco de la mesa tripartita del jueves, de la que los transportistas salieron anunciando que daban por "roto" el diálogo con la Administración, ayer Xunta y sindicatos lograron avances importantes en materia sociolaboral. A falta de revisar "en profundidad" el documento entregado ayer por Infraestructuras, los sindicatos consideran que existe un acuerdo en las cláusulas relativas a la estabilidad laboral y a los derechos en materia social. Sin embargo, advierten que aún quedan "flecos" en materia económica, como la dotación presupuestaria del plan y el número de empleos contemplados en este. Además, urgen a la patronal a que "de pasos" para desbloquear los convenios colectivos, otro de los flancos que mantiene activo el conflicto, con el calendario de paros previsto para la semana, de momento, sin cambios.
Por su parte, Ethel Vázquez, que se mostró "satisfecha" por la reunión, considera que los progresos envían "un mensaje de tranquilidad a los trabajadores" aseguró, además, que "mantiene las puertas abiertas" para discutir con los transportistas el plan.
