La viabilidad económica de las líneas de autobús es el punto débil de un sector que precisamente renunció hace un año a 69 concesiones por ser deficitarias. Y la principal preocupación de la Xunta a la hora de diseñar el nuevo Plan de Transporte Público fue precisamente hacerlo rentable. De ahí que haya decidido integrar el transporte escolar con el de viajeros y reducir las concesiones a 41 grandes contratos. Sin embargo, patronal y sindicatos todavía no lo ven claro y exigen garantías económicas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer que no quiere que "ninguna empresa se arruine por prestar un servicio público" y, por esta razón, aunque confía en la viabilidad de los nuevos contratos que se van a licitar la próxima semana, abrió la puerta a negociar con ellas compensaciones "si acreditan pérdidas".
Fue su respuesta al ser preguntado sobre si contemplaba la posibilidad de incrementar la dotación económica recogida en el Plan de Transporte. "Igual que exigimos que los trabajadores tengan continuidad con las nuevas concesionarias, en el caso de que esa nueva empresa acredite dificultades, aún manteniendo los conductores, estamos dispuestos a sentarnos a negociar", declaró. En este sentido, se mostró dispuesto a "cumplimentar los compromisos planteados en la mesa de negociación". "Si un conductor salta como consecuencia de que no es necesario su puesto de trabajo, nosotros tenemos que subvencionar a la empresa para que mantenga ese puesto de trabajo", concretó. De hecho, así se contempla en la cláusula de subrogación que se incluyó en el Plan de Transporte, que recibió ayer el visto bueno de la Xunta.
A pesar del conflicto abierto con el sector, con una huelga indefinida prevista a partir de la próxima semana, el Gobierno gallego inició ayer el procedimiento para la contratación de los nuevos servicios de autobuses con vistas a que entren en vigor en agosto, cuando caducan las actuales licencias tras la renuncia de 69 concesionarias hace ahora un año.
Una de las novedades es que el Gobierno gallego limitará el número de concesiones por empresa para evitar la concentración de muchos contratos en manos de unos pocos empresarios. Y, de esta manera, según argumentó Feijóo, se favorece también a las pequeñas compañías del rural, una de las pegas que pone precisamente la patronal al Plan de Transporte, que critica que solo puedan optar a las nuevas concesiones las firmas con una flota de más de 15 autobuses.
Aunque la Xunta tramita ya el nuevo plan, Feijóo dejó claro que lo que se ha activado es un "marco" y que aún quedan "flecos importantes" por negociar. Por esa razón, recalcó que la Administración "no se levantará nunca" de la mesa de diálogo con patronal y sindicatos.
Prórroga
Eso sí, advirtió que la Xunta "tiene la obligación inexcusable" de licitar los contratos la próxima semana para que estén listos en agosto. "Iríamos contra la ley si los prorrogamos indefinidamente", advirtió, en alusión a la petición de la patronal del transporte que plantea seguir prestando los servicios de autobuses durante un año más para dar tiempo a renegociar el Plan de Transporte.
El presidente de la Xunta puso el acento en que si la Xunta tiene que licitar ahora nuevos contratos es porque hubo 69 concesionarias que renunciaron. Con una huelga indefinida en ciernes, Feijóo cree que "hay tiempo para negociar". "Si el acuerdo depende de que se blinde el empleo, ya está blindado. Si depende de otras circunstancias...", dejó en el aire. Así, señaló que los intereses de los sindiccatos y la patronal son distintos, puesto que, en el primer caso, es el empleo y, en el segundo, "las cuentas de explotación".
En relación a la posibilidad de que la Xunta haga uso de la prerrogativa que incluyó en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de este año que le permite asumir la gestión directa del servicio de autobuses, Feijóo aclaró que se contempla esa opción para evitar que el servicio quede desierto pero añadió que la Xunta "no tiene intención de sustituir a la patronal".
Desde el BNG acusan a Feijóo de "enquistar" el conflicto del transporte y piden la dimisión de la conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez.
