Un conflicto con origen judicial y varios frentes abiertos

06.07.2017 | 01:48

Pese a que el conflicto entre Xunta, sindicatos y compañías de autobuses alcanzó en las últimas tres semanas su apogeo, sus orígenes se remontan a julio del pasado año. Después de que el Tribunal Superior anulara la prórroga de una década realizada por la Administración autonómica a cerca del 90% de las concesiones de autobús, el Gobierno gallego comenzó a elaborar un nuevo plan de transporte público con la intención de que entrara en vigor en 2019.

Sin embargo, la renuncia de muchas compañías a seguir prestando servicio en rutas que consideran deficitarias, opción que legalmente posibilitó la Xunta, la obligó a adelantar la implantación de su nuevo plan para este verano.

La propuesta del Gobierno gallego, que en esta primera fase adjudicará 42 contratos para cubrir los trayectos que quedarán sin servicio el próximo mes, prevé integrar medio millar de rutas escolares en líneas de viajeros para mejorar la movilidad, sobre todo, de la población del rural.

Esta unificación supone, a ojos de los transportistas, una amenaza de muerte para las pemes, que tienen en el traslado de alumnado a los colegios su principal fuente de ingresos. Por ello, instan a la Xunta a que prorrogue un año más los contratos que caducan en agosto - alternativa que Ethel Vázquez rechaza por considerarla ilegal-- con el ofrecimiento de retomar los servicios a los que renunciaron para que la consellería tenga "más tiempo para reformular su proyecto". Además, exigen que se reestablezcan los contratos de transporte escolar que, según sostienen, estaban garantizados hasta 2020 y que la Xunta extinguió "unilateralmente".

Los sindicatos, por su parte, mantienen un pulso a dos bandas. Aunque ayer cerraron con el Ejecutivo gallego el acuerdo de subrogación de empleo, consideran -como también lo hacen los empresarios- que las garantías para que todos los puestos de trabajos se mantengan aún no existen. Señalan que el volumen de concesiones previstas es menor al existente a y que, además, la propuesta de la Xunta está mal dotada económicamente, lo que empuja al sector a la precariedad.

Respecto a sus condiciones laborales, además, las centrales sindicales demandan a la patronal que actualice sus sueldos, como mínimo, al IPC de 2016, después de años con los convenios colectivos bloqueados.

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