Los ingresos por el impuesto municipal que grava cada venta en suelo urbano no han dejado de crecer. Ni tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria pese al desplome de los precios de los pisos y la caída en picado de las operaciones. Los presupuestos del año pasado de los 115 ayuntamientos gallegos que cobran la conocida como plusvalía municipal, un tributo de carácter voluntario en su aplicación por parte de las administraciones locales, recogen una recaudación que supera los 31 millones de euros. En concreto, las arcas municipales gallegas se embolsaron el año pasado un 22% más que el ejercicio anterior por la venta de viviendas, solares o locales comerciales o por herencias, según los datos recién publicados por el Ministerio de Hacienda. Este balance convierte el llamado Impuesto de Impuesto Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) en el gravamen que protagonizó el mayor incremento en los ayuntamientos gallegos respecto a las cuentas de 2015.
El impacto para el bolsillo del propietario que haya vendido recientemente un piso o local comercial se traduce en un desembolso a su ayuntamiento de casi el doble o incluso cuatro veces más que antes de que estallase la crisis económica. Haya logrado o no ganancia con la transacción hasta ahora tocaba pagar a todos los contribuyentes. Pero las ventas a minusvalías ya no acarrearán gravamen alguno, según la última sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo que tumba el impuesto cuando se producen ventas sin beneficio alguno. Este fallo fuerza a Hacienda a reformar la Ley de Haciendas Locales, aunque por el momento no ha fijado el calendario para iniciar el proceso. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya presentó una propuesta de modificación al departamento que dirige Montoro, al que dio hasta comienzos de este mes para poner en marcha la reforma.
Los concellos de menos de 5.000 habitantes fueron los únicos en la comunidad que el año pasado ingresaron menos que el ejercicio anterior por el impuesto de plusvalía. Poco más de 254.000 euros, lo que supone un 11% menos que en 2015. Sin embargo, los ayuntamientos de entre 50.000 y 100.000 vecinos ingresaron por las transacciones en suelo urbano más de 5,9 millones, un 34% más que hacía solo un año.
Con porcentajes similares de incremento están los consistorios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, los de entre 20.000 y 50.000 y los que superan los 100.000, que recaudaron por este tributo entre un 19% y 20% más. En el primer grupo, los fondos superaron los 4,7 millones; en el segundo, 3,8 y solo las ciudades de A Coruña, Vigo y Ourense, más de 16,3 millones.
El repunte los pagos por la plusvalía de casi el 22% se queda muy por encima del incremento experimentado en los ingresos por impuestos indirectos, que el año pasado superaron los 793,8 millones, apenas un 3% más que el año anterior.
El impuesto que más fondos genera a las arcas municipales es el IBI, que según los presupuestos de los ayuntamientos gallegos de 2016 supuso unos ingresos de 491,49 millones en los inmuebles urbanos y poco más de 12 millones en los bienes rústicos. En los de naturaleza urbana el aumento en la recaudación respecto al ejercicio anterior fue del 2,3% mientras que la contribución en suelo rústico superó el 11%.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aportó a las arcas municipales de la comunidad gallega más de 129 millones de euros durante el ejercicio pasado. En este caso, supuso un descenso en los ingresos del 1,3% en relación a 2015. Por el contrario el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que ascendió a 78,6 millones de euros, se incrementó en un 2,6% Y el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales superó los 32,2 millones, un 8,4% más que la cifra registrada el año anterior.
