Los trabajadores de las compañías de autobuses inauguraron ayer la quinta jornada de huelga en el sector con la decisión, prácticamente unánime, de transformar en diario al paro - hasta ahora limitado a los martes y miércoles de cada semana - a partir del próximo jueves 13 de julio.

Las centrales sindicales, que nuevamente han visto apoyadas sus reivindicaciones con la casi total paralización de los servicios de transporte en toda Galicia, consideran que la propuesta de subrogación de empleo resultante del encuentro mantenido el lunes con la Xunta es aún insuficiente. "Hoy por hoy el Gobierno gallego no garantiza los puestos de trabajo, solo las condiciones del personal subrogado", indicó Marcos Pérez, portavoz de Comisiones Obreras. "Seguimos entendiendo que el plan no sirve porque no garantiza todo el empleo. Estimamos que un 25% de los trabajadores irán a la calle con él", recalcó. Además, los sindicatos, que hoy se volverán a reunir con la consellería, insisten en el que el conflicto no encontrará salida hasta que se blinde la viabilidad económica de las nuevas concesiones, de modo que se asegure que no habrá despidos en el sector, y se desbloqueen los convenios colectivos, congelados desde hace años.

Sin embargo, la determinación de los trabajadores parece no haber modificado los planes del Gobierno gallego, que defiende "haber demostrado su disposición al diálogo hasta la extenuación" frente a lo que considera otra jornada de "intolerable" incumplimiento en los servicios mínimos por parte de las centrales sindicales.

Al término de la reunión mantenida ayer por la tarde con la patronal, la conselleira de Infraestructuras Ethel Vázquez anunció que en el próximo Consello de la Xunta se aprobará el trámite administrativo que "sentará las bases de lo que será el propio concurso de licitación de los proyectos de explotación de los servicios" . La conselleira advirtió que "no hay marcha atrás" y volvió a reiterar que su plan "es la única alternativa viable y legal para que los gallegos tengan servicios a partir de agosto y se mantengan los empleos".

Horas antes, la Xunta había difundido el documento elaborado tras reunirse anteayer con los representantes de los trabajadores. El escrito, que según el Gobierno gallego "da plenas garantías de continuidad laboral a los trabajadores de las líneas renunciadas", introduce la obligación de las nuevas empresas adjudicatarias "de mantener los empleos existentes en esas líneas con las mismas condiciones laborales que tenían". Así mismo, contempla la retirada de las concesiones a aquellas compañías que incumplan las obligaciones de subrogación o vulneren los derechos de los trabajadores e incorpora la posibilidad de que, si la obligación de la subrogación de los trabajadores "rompe el equilibrio económico de las concesiones", las empresas puedan "solicitar el reequilibrio de la misma" a la Administración.

Según Vázquez, estas "garantías" suponen "una referencia a nivel nacional" pues sostiene que es la primera vez" que los pliegos de una licitación pública establecen "con tal grado de concreción las obligaciones de las empresas adjudicatarias con el mantenimiento de los trabajadores y sus condiciones laborales".

Las centrales sindicales, sin embargo, señalan que la propuesta de la Xunta sigue sin definir el número de trabajadores que se verán afectados por la nueva reordenación de líneas de autobuses, aspecto que la propia Xunta reconoce en el documento. Según las explicaciones del Ejecutivo gallego contenidas en el texto, el impacto total o parcial del nuevo plan de transporte sobre los servicios existentes, al provocar la desaparición de líneas o su integración en otras nuevas, imposibilita que se identifique el personal "concreto" que será subrogado.

Convenios colectivos

Después de que el pasado jueves se retomaran las negociaciones ayer sindicatos y transportistas se sentaron por primera vez en la misma mesa para negociar. Tras una reunión de algo menos de dos horas, ambas partes acordaron constituir una mesa de trabajo, a nivel gallego para abordar la actualización salarial fijada en los convenios colectivos, de carácter provincial. En el encuentro, que tendrá lugar mañana, las partes acordaron además revisar las condiciones laborales y las cláusulas de subrogación presentes en los convenios colectivos.

Los sindicatos, que defienden, como mínimo, una actualización de los salarios al IPC de 2016, admiten que un acuerdo con la patronal permitiría tener "un conflicto único". "Los trabajadores estarían mucho más tranquilos", señaló Pérez.