La bolsa de pobreza en Galicia que intensificó la crisis abierta a finales de 2008 no solo no se ha reducido con la mejora de los datos macroeconómicos y de empleo, sino que se ensancha y parece condenar a miles de personas, pues el año pasado subieron las solicitudes de la renta de inclusión social (Risga), los beneficiarios y el gasto de la Xunta. En 2013, se superó por primera vez en la historia la barrera de los 15.000 ciudadanos que, en algún momento del ejercicio, percibieron este cheque social de 434 euros de media. Tras dar por superado el momento más duro de la recesión, los beneficiarios de esta ayuda rozan ese récord, con 15.322, 638 más que en 2015 y solo 297 menos que el máximo alcanzado. Los fondos siguen también resultando insuficientes para atender la demanda. El año pasado, la Xunta se gastó 56,2 millones de euros en estas subvenciones, récord que este año será batido de nuevo con más de 60 millones.
El informe sobre el pago de la Risga realizado por los técnicos de la Consellería de Política Social evidencia el problema de inclusión que existe en la comunidad, agudizado tras el crac económico posterior a la caída del banco estadounidense Lehman Brothers. Ni la reducción del empleo frena la dependencia de la Risga para que miles de hogares puedan llegar a fin de mes.
En abril de 2009, Alberto Núñez Feijóo (PP) tomaba posesión como presidente de la Xunta y ponía fin a cuatro años de bipartito. El mes siguiente, el paro registrado -demandantes oficiales de empleo- se situaba en 207.518 personas, cifra que no paró de crecer hasta rozar las 292.838 en febrero de 2013. El pasado mes de mayo, ese dato se situaba en 199.638.
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A pesar de esa reducción de más de 93.000 ciudadanos, de que la Xunta mejora sus presupuestos tras recortes continuos y de que la economía crece con ritmo sostenido, los hogares que han percibido la Risga se incrementan desde 2014, tras la caída de entonces respecto al pico de 15.619 de 2013.
El año pasado, se cerró con 10.761 ciudadanos "en nómina" de la Xunta, según el citado documento, pues en el sistema entran y salen familias que logran un empleo y superar los ingresos que le corresponderían de Risga, lo que anularía su derecho a ella, pero la cobraron 15.322. De media, esta ayuda alcanza los 434 euros mensuales, pero en función de las cargas familiares puede alcanzar alrededor de 800.
La demanda aumenta -hubo 292 solicitudes "nuevas" más que en 2015 hasta alcanzar 6.804, pues quienes la cobran al iniciarse el ejercicio no deben pedirla de nuevo-, pero, sobre todo, se incrementan los hogares que dependen de la Risga para llegar a fin de mes. Eso se traduce en un gasto autonómico que se incrementa constantemente desde el inicio de la crisis económica, con una lógica que se repite: presupuesto récord y aportaciones extra durante el ejercicio. En 2009, estos cheques suponían casi 23 millones de euros anuales a la Xunta. El año pasado, se alcanzaron los 56,2 y este se superarán los 60.
Política Social reservó 57,5 millones para pagar la Risga a lo largo de 2017 en unos presupuestos autonómicos que se activaron en febrero. Un mes después, debía inyectar otros 600.000 euros porque se quedaba sin recursos para pagar estas ayudas. Legalmente, la Xunta debe reservar fondos para asumir el pago de una Risga concedida durante todo el año.
Pocas semanas después, el departamento de José Manuel Rey añadió otros 900.000. A los 59 millones acumulados ya para este ejercicio se unirán otros tres procedentes de los 229 que el Gobierno central aportará a la comunidad por la mejora en la recaudación fiscal, según el Ejecutivo gallego.
A la Risga se une un cheque puntual que la Xunta habilita a familias con escasos recursos para afrontar un imprevisto con una media de 1.127 euros. La solicitaron 4.275 personas el año pasado -300 menos que en 2015- y la lograron 2.879, 159 más con un gasto total de 3,2 millones, según Política Social.
Casi 1.120 personas esperan que Política Social les comunique si tienen derecho a la prestación
- Un total de 2.250 ciudadanos pasaron la última Nochevieja sin saber si su petición de una ayuda económica a Política Social se saldaría de forma satisfactoria o les supondría un varapalo. Esta es la cifra de solicitudes de Risga (1.116) y ayudas de inclusión social (1.134) que integran la lista de espera con que la consellería cerró el ejercicio.Los retrasos para cobrar la Risga motivaron la semana pasada que la Valedora do Pobo, Milagros Otero, abriese una queja de oficio iniciada por denuncias en O Salnés acerca de esperas para cobrar la prestación de hasta seis meses, el triple del plazo máximo legal. Ya en el informe de 2015, la Xunta reconocía retrasos medios de esa magnitud.Una media de 67 díasEn el documento relativo a 2016 no aparecen referencias a esas dilaciones, que el Ejecutivo vincula habitualmente con la gestión municipal, ámbito en que se plantean las solicitudes. Pero sí se sitúa el plazo medio de resolución en 67 jornadas para la Risga y en 110 para las ayudas de inclusión "sin tener en cuenta los períodos en los que los expedientes están paralizados por requerimientos de documentación necesaria para su resolución".La Xunta aspira a mejorar la integración laboral de quienes perciben la Risga. Por ello, en 2013 aprobó un cambio para permitir compaginar un contrato con esta ayuda, pero el nuevo sistema está pendiente desde entonces de un reglamento. Política Social prevé aprobarlo antes de que finalice este año.La última fase del itinerario personalizado para cada beneficiario le permitirá a este durante seis meses cobrar una parte de la Risga y tener un trabajo. La Xunta completará su sueldo hasta sumar ambos ingresos un máximo de 954 euros, aunque irá reduciendo la aportación pública paulatinamente.
