El último de los imputados en la 'Operación Retablo', el propietario de la empresa de restauración Da Vinci, ha aceptado un año de cárcel y una multa de 1.000 euros por un delito de cohecho al haber realizado obras para un alto cargo de la Consellería de Cultura a cambio de la adjudicación de diferentes trabajos de restauración. El empresario no entrará en prisión si paga la sanción y no comete ningún otro delito durante el tiempo que dure la pena.
