La Valedora do Pobo ha abierto una queja de oficio para investigar los motivos del retraso en la concesión de las ayudas de la Risga. Según explica, los técnicos de servicios sociales de varios concellos de la comarca de O Salnés alertaron estos últimos días de que personas sin recursos con derecho a percibir esta prestación estaban esperando una media de tres meses en cobrar la primera mensualidad. Por esa razón, la comisionada Milagros Otero se ha dirigido al conselleiro de Política Social por los tiempos medios de espera y las medidas para evitar que se ralentice tanto la tramitación de estas ayudas.

No es la primera vez que surgen quejas por la elevada demora en el cobro de estas rentas, destinadas a personas sin recursos y que atraviesan situaciones complicadas. De hecho, el último informe sobre la Risga de la Consellería de Política Social referente al año 2015 señalaba que el retraso medio estaba en seis meses para recibir la Risga y en cinco meses y medio si se trata de una ayuda de inclusión social, pensadas para atender situaciones "de grave emergencia" de personas o familias vulnerables.

Esa tardanza es tres veces superior al plazo máximo de dos meses que fija la Ley de Inclusión Social. Para agilizar el cobro de estas ayudas la Xunta preveía aprobar un decreto, que lleva años en el cajón. Desde Política Social siempre argumentaron que desde la administración autonómica cumplen los plazos y responsabilizan a los ayuntamientos, que son los encargados de emitir los informes de la Risga, de las largas esperas.

La Valedora do Pobo reconoce que no es la primera vez que le llegan quejas por el elevado retraso en la tramitación de estas prestaciones puesto que ya en anteriores ocasiones se han denunciado demoras de cinco o seis meses. El Alto Comisionado de Galicia apunta que, según le han trasladado los técnicos, el problema está relacionado con "la extrema rigidez" en la tramitación de estas ayudas. "Los beneficiarios, por ejemplo, no pueden percibir pensiones, aunque sean cuantías inferiores a las de la propia Risga y tampoco se conceden estas prestaciones a personas inmigrantes sin papeles, ni tampoco a quien convive en el domicilio familiar junto a sus progenitores", explica la Valedora.

Salvavidas

La institución que dirige Milagros Otero recalca la importancia de la Risga "para muchas familias sin ingresos ni prestaciones". "Se convierte en su salvavidas y es la última opción antes de caer en situaciones de exclusión y pobreza", advierte.

Por esta razón, la Valedora ha interpelado al conselleiro de Política Social para solicitarle información sobre los tiempos de espera para el cobro efectivo de las rentas de integración social y las medidas de emergencia que tanto la administración autonómica como la municipal prevén poner en marcha durante ese plazo de espera. Igualmente reclama a la consellería que le informe de las personas que cobran pensiones o sueldos mínimos por debajo de la Risga, así como de los miembros que conviven con ellos en la vivienda familiar, y también de los inmigrantes sin papeles que hay en la comunidad autónoma.

Según explica esta institución, la mayoría de las quejas recibidas en los últimos años en el área de servicios sociales tuvieron relación con situaciones de exclusión social y, por eso, la Valedora advierte que "estas personas requieren una respuesta inmediata". Aún así, reconoce que en el último ejercicio el número de denuncias presentadas en su oficina por retrasos en la Risga ha descendido.

Los municipios repartirán comida a familias pobres con niños

  • Los servicios sociales de los ayuntamientos gallegos repartirán este verano lotes alimentarios entre las familias con escasos recursos y menores a cargo de la comunidad, de acuerdo con el convenio a tres bandas que ayer firmaron la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y la Federación Gallega de Bancos de Alimentos (Fegaban).Este convenio, que ya se firmó en años anteriores, permite establecer un procedimiento de actuación y coordinación entre las entidades firmantes para la entrega de paquetes de alimentos a familias con escasos recursos y con menores a su cuidado, que no sean beneficiarios de ayudas con la misma finalidad.Los destinatarios los determinarán los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos gallegos.