El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, puso ayer en valor que las entidades locales son las únicas administraciones que cumplen con las tres patas de la senda de estabilidad presupuestaria: la regla del gasto, el déficit y la deuda. Y, ante las reticencias del Gobierno, a permitir que los municipios puedan reinvertir su superávit, el también regidor vigués le recordó que quien incumple es la Administración central. "Reconozca con hechos que no puede tutelar a quien cumple", instó.

Tras la Comisión Nacional de Administración Local del lunes, la FEMP y el Gobierno acordaron reunirse la próxima semana para revisar la regla de gasto. Los ayuntamientos españoles reclaman más flexibilidad para poder gastar el superávit de sus cuentas, pero desde el Ministerio de Hacienda rebajaron sus aspiraciones al señalar que no habrá "grandes revoluciones" en ese encuentro.

Tras la junta de gobierno de la FEMP celebrada ayer y su consejo territorial, Caballero replicó a Hacienda que lo "revolucionario" sería que la Administración Central, que fija la norma de gasto, no rebase el techo de gasto.

"Lo primero que esperamos es que ellos lo cumplan: que quien pone el techo de gasto no lo cumpla clama al cielo, esto ya sería una revolución", se quejó el alcalde.

Y, por esta razón, cargó contra la "contrarrevolución" que, a su juicio, ha protagonizado el Gobierno al establecer una normativa que no ha cumplido, y "de forma clamorosa".

"Somos los únicos que cumplimos y somos los únicos tutelados, somos la única administración que tiene restricciones", lamentó, apuntando a que se vive una "situación singular" por lo que demandó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique qué está pasando: "resolvemos las cuentas y la administración que más déficit tiene es la que urge a cumplir".

Por ello, insistió en que desde el Gobierno se ponga fin a las restricciones: "Ya somos mayores de edad, pedimos que se acaben las tutelas".

Con respecto a la reinversión del superávit, Caballero volvió a demandar más flexibilidad a Hacienda para poder realizar inversiones en los municipios que tengan que ver con política social y de empleo. Y achacó estas restricciones a un Gobierno que "está alejado de la gente".

En Hacienda había advertido que los concellos ya tienen margen para invertir y que el pasado año solo ejecutaron el 25 por ciento de las cantidades que les autorizaron para inversiones financieramente sostenibles. Caballero lo justificó en que desde el Gobierno no les dejan contratar a personal para llevar a cabo esas inversiones.