La Federación de Municipios e Provincias (FEMP) y el Gobierno crearon ayer el grupo de trabajo comprometido en su día para estudiar y modificar la regla de gasto que impide a los ayuntamientos reivertir su superávit. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, explicó que la próxima semana se celebrará la primera reunión. En todo caso, desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido el actual formato y se ha advertido a los municipios de que no cabe esperar "grandes revoluciones" sino solo revisar cuestiones "técnicas".
Caballero compareció ayer tras la reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se aprobó la senda de estabilidad para el sector local en los años 2018-2020.
El también alcalde de Vigo recordó el compromiso del Gobierno central de crear esa comisión sobre el techo de gasto en el primer semestre del año. Dado que todavía no se constituyó a cuatro días de acabe el plazo, Caballero ha dudado de las intenciones del Gobierno pero señaló que la comisión finalmente se va a constituir por insistencia municipal. Desde la FEMP se reivindica que el Gobierno se permita a los ayuntamientos reinvertir el superávit sin limitaciones.
"Es fundamental para nosotros en términos de eficacia, el actual techo de gasto induce a que gastemos aunque sea improductivo", señaló el alcalde de Vigo.
"Queremos nuestra autonomía, no la tutela económica del Gobierno sobre los únicos que cumplimos los objetivos", insistió el regidor vigués y presidente de la FEMP que recriminó al Ministerio de Hacienda que convierta a los ayuntamientos en "objeto de paternalismo por quienes no son capaces de cumplir con sus propias obligaciones".
Sin embargo, el secretario de Estado de Presupuestos, Álvaro Nadal, advirtió que ya se da "flexibilidad" para invertir a los municipios. Según sus datos, en 2016 los ayuntamientos dispusieron de 2.747 millones procedentes del superávit municipal para destinar a inversiones financieramente sostenibles. Y, sin embargo, solo movilizaron un 692 millones, el 25 por ciento.
Caballero se queja de que se impongan límites y recuerda que los municipios españoles tuvieron el pasado año un superávit de 7.000 millones de euros que podían haberse destinado a políticas sociales y política generadoras de empleo.
Gobierno y FEMP abordarán también la próxima semana en un grupo de trabajo junto con expertos la modificación de la Ley de Financiación Local para decidir así sobre la actuación que han de seguir los ayuntamientos a la hora de aplicar el impuesto de plusvalías que fue declarado inconstitucional.
