La atención a los dependientes centró el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, a cuyas críticas a los retrasos en el cumplimiento de la Ley de Dependencia rebatió el primero con una panoplia de datos al frente de los cuales situó la promesa de alcanzar las 70.000 personas atendidas a final de legislatura -año 2020-, así como la anunciada anteriormente apertura de una residencia de mayores en cada una de las siete ciudades gallegas. En el último semestre del año, añadió, 3.000 nuevos dependientes recibirán atención.

El duelo fue abierto por Leiceaga, armado con las habituales críticas del informe de la Valedora do Pobo, que denuncia los "habituales retrasos" en la prestación de servicios a personas que no pueden valerse por sí mismas, y cifró el recorte anual de fondos en 35 millones de euros. "Su gestión es cicatera y morosa", le espetó el socialista. "Necesitamos 3.755 plazas para igualar la media española en financiación pública", añadió, antes de aprovechar para reclamarle, de nuevo, recurrir a 60 millones de euros en endeudamiento a interés cero con cargo al Gobierno estatal. "Con 50 millones se lograrían 2.000 plazas de residencia más y está renunciando a ese endeudamiento", le reprochó. No se quedó ahí y acusó a la Xunta de aplicar un "impuesto a los mayores", obligados, añadió, a vender patrimonio para lograr una plaza en un centro privado en lugar de una prestación por libranza, comparando la situación gallega con el "impuesto a la demencia" de la británica Theresa May.

Feijóo ensalzó su labor en el Ejecutivo autonómico desde 2009 y la contrapuso con el balance de un bipartito que gobernó entre 2005 y ese ejercicio con una media de 2.000 millones de euros más debido a los recortes impuestos por la crisis. A pesar de ello, alegó el también líder del PPdeG, la Xunta pasó de atender a 14.000 dependientes con el Ejecutivo de PSdeG y BNG a 44.000 en la actualidad.

La Ley de Dependencia comenzó a aplicarse en 2007 con un calendario que ofrecía atención a las personas con mayores dificultades primero y, posteriormente, a los que padecían circunstancias más moderadas, que son la mayoría. En 2013 se retrasó dos años la ayuda estatal a estos últimos. En la actualidad, la lista de gallegos con derecho a prestación y que aún no la han recibido roza los 18.000.