El sector social acusa al Gobierno de cargar a Galicia con 12 millones del bono de la luz

Los directores de servicios sociales revelan que el Ejecutivo no aportará nada a las nuevas ayudas para el pago del recibo a familias con problemas

19.06.2017 | 01:28

Galicia asumirá alrededor de 12 millones de euros como coste de las ayudas a las familias con dificultades económicas para pagar el recibo de la luz bajo las condiciones del nuevo bono social que prepara el Gobierno central, parte de una factura total de entre 286 y 330 que abonarán únicamente las comunidades autónomas y ayuntamientos. Así lo denunció ayer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que acusó al Ministerio de Industria de elaborar una norma para cuyo desarrollo no aportará ningún recurso económico.

El departamento dirigido por Álvaro Nadal ha elaborado un proyecto de Real Decreto para establecer un nuevo sistema de ayudas con el que paliar la pobreza energética. En él, se establecen descuentos en la factura eléctrica del 25% en el caso de las familias en situación "vulnerable" y del 40% en la de "vulnerabilidad severa". En el primer caso, se trata de familias con un máximo de 9.681 euros anuales de ingresos o de 16.135 si cuentan con dos menores a cargo. En el segundo, los límites son de 4.840 y 8.067, respectivamente. También se establecen casos en los que el suministro se considerará "esencial" y se impedirá el corte del mismo, a pesar de los impagos del recibo.

La asociación calcula que al menos 916.000 hogares cumplen los requisitos para acceder a este nuevo sistema de subvenciones -de los que 37.516 se situarían en Galicia-, pero acusa al Gobierno central de no aportar recursos. De hecho, cita la memoria justificativa del real decreto, en concreto un apartado sobre el impacto presupuestario de la medida. "El coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias", reza el documento, según la citada asociación del tercer sector.

Entre las "lagunas" que denuncia este grupo se sitúan el "importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades ni previsto ni pactado" y la falta de garantías para llegar a quienes realmente lo necesitan.

Por su parte, la Xunta cuenta ya con un tícket eléctrico propio, así como un sistema para evitar los cortes de suministro, pero el año pasado apenas gastó medio millón de euros en subvenciones de una partida inicial de 2,7. Por ello, la Consellería de Economía prevé modificar las condiciones de acceso para elevar el número de beneficiarios, pero realizará esa operación una vez se concrete el nuevo bono social estatal.

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