Los alcaldes empiezan a mover ficha para corregir una de las huellas más visibles del feísmo en Galicia. Solares con casas a medio levantar, edificios que son solo un esqueleto de ladrillo, fachadas sin recebar, viviendas con cemento a la vista... La lista del caótico paisaje urbanístico es larga. Y desde que hace ya más de un año entró en vigor la nueva Lei do Solo, estas aberraciones están castigadas con multas de entre 1.000 y 25.000 euros. Por ahora, ningún concello, administración sobre la que recae la competencia sancionadora, ha interpuesto multa alguna. Pero hay regidores que ya han dado orden a sus técnicos o policías locales para que rastreen el terreno y así elaborar un censo de inmuebles inacabados o en estado ruinoso y proceder el envío de cartas informativas a sus dueños instándoles a finalizar las obras o arreglar los desperfectos.

"No se abre expediente alguno, solo se comunica a los dueños la situación de su casa para que la arreglen. No hay ánimo de recaudación, antes la pedagogía que la sanción", explica el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García. El también alcalde de O Barco ya tiene prácticamente cerrado ese listado en su municipio, mientras que todavía se encuentran en una fase inicial en A Laracha (A Coruña) y Viveiro (Lugo).

La nueva Lei do Solo deja en manos de los ayuntamientos la labor de controlar y sancionar a los dueños de construcciones sin rematar, e incluso la obligación de hacer frente a las obras o demoliciones necesarias si estos desoyen sus requerimientos.

Delegar en Medio Ambiente

Desde la Fegamp, se apuesta por la información antes que la sanción. Y en el caso de que sean muchos quienes se resistan, los concellos se planten delegar en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la potestad sancionadora. "Esperamos que un porcentaje elevado, finalice sus viviendas por convencimiento", confía García.

En el inventario sobre los inmuebles a medio construir iniciado por algunos concellos se incluyen fotografías de cada vivienda, la identidad del dueño, su domicilio y su teléfono. En todos aquellos casos en que es posible dar con el propietario, el ayuntamiento le pedirá que corrija las deficiencias.

Tras las primeras notificaciones tramitadas desde las alcaldías gallegas ya ha habido respuesta por parte de los dueños. "Algunos ya se han interesado y han arreglado sus viviendas", detalla el presidente de la Fegamp, al tiempo que advierte de que las miles de construcciones inacabadas que salpican el territorio gallego -unas 50.000, según un estudio del arquitecto y responsable del Área de Rehabilitación Integral del concello de Rianxo, Carlos Fernández Coto- no pueden adecentarse de la noche a la mañana. "Se pensaba que con sacar una ley, se iban a poner punto y final a todas estas viviendas inacabadas. Pero los ayuntamientos tenemos el personal que tenemos y muchos fuegos que apagar. Este es un plan a medio plazo, para que el que no se puede fijar un calendario", explica García. No obstante, confía en que los propietarios actúen y no sea necesario multarlos.