Antes de que finalice julio, la Xunta activará un fondo de diez millones de euros para conceder préstamos a los concellos e iniciar una ofensiva contra el feísmo en Galicia. El objetivo es poner fin a las fachadas de casas sin acabar, uno de los elementos que enturbia el urbanismo y práctica prohibida por ley. Esa partida servirá para que los municipios de menos de 20.000 habitantes dispongan de dinero para poder rematar por vía forzosa esas construcciones y, después, pasarle la factura a sus propietarios en caso de que estos no respondan a las multas por su displicencia.
En marzo del año pasado entró en vigor la enésima reforma de la Lei do Solo, que establecía la obligación de rematar las fachadas y cubiertas de las casas, tarea que compete aplicar a los ayuntamientos. Para conseguir el cumplimiento de una norma que aspira a erradicar el feísmo, se estableció un sistema de multas para quien dejase sus construcciones con el ladrillo al aire o directamente tan solo sus estructuras.
En primer lugar, se les impondría una multa de 1.000 euros el primer trimestre tras ser apercibidos, cifra que se doblaría en el segundo; así, hasta un máximo de 25.000 euros en el decimoquinto mes posterior a la primera notificación de que cumpliesen la ley. En último caso, los concellos podrían pagar ellos el remate de las viviendas y después pasarle la factura a los dueños. Ahí surge un problema, pues los pequeños concellos carecen en muchos casos de liquidez para afrontar esos gastos. En la comunidad, solo 22 consistorios de los 314 existentes superan la barrera de los 20.000 habitantes, por lo que los citados préstamos estarán disponibles para el 93% de municipios.
La Xunta propuso esta solución en mayo del año pasado, pero hasta ahora no había entrado en la fase final de elaboración. Creará un fondo dotado de 10 millones de euros para conceder préstamos blandos a los municipios para que tengan dinero con que acometer las obras forzosas.
Antes de que acabe el mes de julio, el Diario Oficial e Galicia publicará la convocatoria de estas ayudas, según confirman fuentes de la Consellería de Infraestruturas y Vivenda, que sostienen que la creación del fondo se encuentra "en la última fase de tramitación".
Según anunció el año pasado este departamento, cada ayuntamiento interesado firmará un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo en que se establecerán las condiciones de los préstamos, como su importe, plazo de devolución y tipo de interés, si bien, en principio, se trataría de condiciones laxas.
El remate de las fachadas será prioritario, pero estos recursos económicos podrán emplearse también para realizar cualquier otra obra de rehabilitación o demolición de edificaciones cuando sus dueños incumplan la legislación y no atiendan a las órdenes municipales. La prioridad será el aspecto exterior frente a la reparación del interior con el citado objeto de atajar el feísmo.
La medida pretende evitar la "ruina" de las edificaciones que obligue a tirarlas definitivamente, según expusieron el año pasado al anunciar la creación del fondo fuentes del departamento de Ethel Vázquez.
Esta medida se completa con otra línea de préstamos para los propietarios que quieran rehabilitar sus viviendas, medida incluida en el Plan RehaVita. El Ejecutivo autonómico destinará 1,8 millones de euros a estos créditos, según aprobó en su reunión semanal del pasado jueves. Los préstamos de carácter personal tendrán un límite de 30.000 euros y los hipotecarios, de 60.000.
Los ingresos de los propietarios serán determinantes para el tipo de interés que se les aplicará. Si una familia no supera los 29.820 euros anuales -4 veces el indicador público de renta de efectos múltiples aplicado a 14 pagas- el interés será cero con una duración máxima del vencimiento de 48 meses. Desde esa cifra a 41.000 euros, se le aplicará el 80% del tipo durante un tope de 36 meses. Para el resto, se establece un tipo fijo del 1,9% para hipotecas y 5,25% para préstamos personales en el caso de los fijos y del 1,75% y 5,25% en los variables. El plazo de amortización oscila entre seis meses y quince años, según el Ejecutivo.
