La Xunta admite que pagará indemnizaciones al rescindir contratos en vigor del bus escolar

Se anularán las concesiones actuales para sacar las nuevas adjudicaciones que permitirán que estos autocares también lleven viajeros -Las empresas piden la retirada del plan de transporte

15.06.2017 | 02:08
Aurelio Cuíña, de Fegabus, Fidel Martínez de Anetra y García Cumplido de Transgacar. // Xoán Álvarez

El nuevo plan de transporte público ha desatado una guerra abierta entre la Xunta y los empresarios de los autobuses. Y uno de los principales puntos de fricción es el transporte escolar. La Consellería de Infraestruturas quiere que los autocares que llevan a los niños al colegio sirvan también para el traslado regular de viajeros en el rural. Y para ello ha integrado la prestación del servicio de 500 líneas de bus escolar en las nuevas concesiones que prevé adjudicar antes de agosto. Esto supone, sin embargo, que se le rescindirá el contrato a las empresas que efectúan ahora esa actividad. Las tres principales federaciones de transporte de Galicia -Transgacar, Anetra y Fegabús- auguran "una dura pelea judicial" con la Xunta puesto que aseguran que las actuales concesiones tienen una vigencia hasta el año 2020.

Desde el departamento que dirige Ethel Vázquez se aclara que la prórroga de diez años que se les dio a estos convenios en el transporte escolar fue también anulada por el Tribunal Supremo, al igual que pasó con las líneas regulares de viajeros. Según la Xunta, sus contratos son anuales. Sin embargo, puesto que en agosto se adjudicarán las nuevas rutas escolares integradas ya con las de viajeros, el Gobierno gallego admite que deberá pagar indemnnizaciones a las actuales concesionarias por interrumpir el contrato antes de que finalice el año.

Tal y como explica el presidente de Transgacar, Carlos García Cumplido, esta situación afecta a la totalidad de las empresas de Ourense y al 80 por ciento de las de Lugo. En Pontevedra se verán perjudicadas en torno al 20 por ciento y en A Coruña el diez por ciento, según sus cálculos.

Los empresarios critican que, en la práctica, desaparecerán estas rutas de transporte escolar y que "se reservarán plazas para el traslado de alumnos en las líneas regulares de viajeros".

Desde Infraestruturas se garantiza "el blindaje de las necesidades de los escolares" y advierten que es "poco creíble" que las empresas del transporte "se preocupen más" por los estudiantes que los propios colectivos de padres, que sí están de acuerdo con esta medida.

Las empresas de autobuses ven "catastrófico" el nuevo plan de transporte público y piden a la Xunta que lo retire. Incluso se comprometen a seguir explotando las líneas a partir de agosto cuando finaliza el plazo por el que están obligadas a prestar este servicio después de que anunciaran el pasado año su renuncia en bloque a un total de 69 concesiones y 500 rutas de transporte por considerar que no eran rentables.

La Consellería de Infraestruturas da otra versión. "Ciertos empresarios del sector vieron abierta una oportunidad de reclamar una compensación económica a la Administración, al creerla arrinconada ante la inminente desaparición de los servicios. Cuando la Xunta puso las medidas necesarias para garantizar el transporte, las empresas renunciantes dan un paso atrás y manifestaron su decisión de desistir y conservar los contratos", recriminan.

Las patronales de los autobuses advierten que el nuevo plan de la Xunta aboca al cierre a las pequeñas empresas del rural porque se exige una flota mínima de 10-15 autocares y además advierten que sigue sin ser rentable porque los costes previstos por Infraestruturas para prestar el servicio suponen déficits de hasta el 50 por ciento en algunos lotes.

El Gobierno gallego responde que ya hay 81 empresas interesadas en los 42 nuevos contratos. En su opinión, las críticas de los transportistas se deben "a su miedo a perder los rentables contratos del transporte escolar" a los que la Xunta destina 120 millones de euros. Y revelan que uno de los portavoces de las federaciones de autobuses propuso ordenar el transporte con un único contrato provincial y dejar "a merced de las propias empresas el reparto interno de los servicios".

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