La Consellería de Educación y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, ANPE, FETE-UGT y CSI-CSIF firmaron ayer la modificación del acuerdo de junio de 1995 sobre el acceso a la función pública docente en calidad de profesor interino y sustituto, que afecta a en torno al 12% de la plantilla de profesores en Galicia, según la propia Administración gallega.

No obstante, la CIG se desmarca del documento: señala que lo ha ratificado una "minoría sindical" y que "no recoge ninguna mejora para el colecivo de personal interino". En esa línea, asegura que "el profesorado que durante el curso escolar trabajó más de cinco meses y medio seguirá sin cobrar los meses de verano".

El documento sí incluye, como novedad, una regulación de los llamamientos telefónicos, que establece tres llamamientos en dos días, que si no se responden supondrán una penalización, y acumular tres implica exclusión de las listas. También se garantiza, afirma la Xunta, "un mayor acceso a las personas con discapacidad", en aras de una "mayor inclusividad", que se traduce en que por cada 14 aspirantes uno debe poseer una discapacidad de al menos el 33%. Por otro lado, los candidatos deben presentarse a los procedimientos selectivos y no retirarse y ya no pueden alegar estudios en la escuela de idiomas para rechazar una plaza.