La cuenta atrás para que el Gobierno central encarezca el recibo de la luz en Galicia para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que los consumidores de cada autonomía paguen de su bolsillo los impuestos que su Ejecutivo regional aplique al sector eléctrico ha llevado a En Marea a plantearse iniciativas parlamentarias para cambiar la ley y retirar las competencias al Estado en materia de peajes en la factura. El pasado sábado se cumplieron los tres meses de margen que tenía el Ministerio de Energía para aplicar los suplementos territoriales a las cuatro comunidades en las que estaban pendientes, Galicia entre ellas, después de que el BOE publicara el recargo en otras cuatro -Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana- en enero.

La aplicación, según Luis Billares, portavoz de En Marea, generaría una situación "absolutamente injusta", dada la capacidad de Galicia como productora de electricidad. Sería, afirma, "una de las más afectadas". "Ya padecemos un gran impacto medioambiental y territorial sin que las eléctricas tributen aquí, para que ahora los ciudadanos vean aumentar su factura", critica. Una situación, califica, de "colonial, o prácticamente colonial".

El Ministerio de Energía, como publicó ayer FARO, está trabajando en estos momentos en una segunda orden para repercutir, como obliga el Supremo, los gravámenes autonómicos al sector -como el canon eólico, que recauda más de 22 millones de euros al año- a los consumidores gallegos. "Estamos en contacto con las administraciones afectadas", asegura. La Xunta siempre se resistió a ofrecer los datos de sus impuestos. Y, de hecho, esa fue una de las razones por las que quedó fuera de la primera orden de principios de este año. Hasta el punto de que el departamento que dirige Álvaro Nadal e incluso las empresas con derecho a recuperar su dinero pidieron al Tribunal Supremo que exigiera a las comunidades díscolas su colaboración.

También el grupo parlamentario del PSdeG anunció hace varias semanas su intención de presentar iniciativas para parar los planes del Gobierno.