El Tribunal Supremo dio el pasado 10 de marzo un ultimátum al Ministerio de EnergíaMinisterio de Energía: sin más retrasos, en tres meses tenía que cumplir al completo su sentencia de junio de 2014 que obliga a repercutir los impuestos autonómicos al sector eléctrico en el recibo de los consumidores de esas comunidades con tributos. En una primera orden a principios de este año, el departamento que dirige Álvaro Nadal activó los llamados suplementos territoriales en solo cuatro de las ocho regiones en las que debía hacerlo. Concretamente, en Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, de las que constaba "una información más completa", frente a las dificultades con el resto, Galicia incluida, por su negativa a aportar información. La solución a medias no gustó ni a las cuatro comunidades afectadas ni tampoco a las propias empresas eléctricas, que mantienen la espada en alto para recuperar el dinero desembolsado en este tipo de gravámenes. ¿Cuánto? Hasta 200 millones de euros, según los cálculos de Energía. El plazo de tres meses finalizó el pasado sábado, pero el ministerio asegura que la cuestión no se ha quedado en el cajón.
"El ministerio está trabajando en una orden que recogerá los suplementos territoriales en los peajes", avanza a FARO. "Estamos en contacto -añade- con las diferentes administraciones afectadas".
Por el principio de unidad de mercado, para impedir que las decisiones de los ejecutivos regionales sobre el sector pudieran acabar pagándolas los clientes de todo el país, el Supremo tumbó la norma con los precios de 2013 para el tramo fijo de la electricidad en el recibo. La que le corresponde marcar al Gobierno. En aquel momento, los suplementos territoriales eran obligatorios como una medida más para atajar el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta dar el servicio eléctrico y lo recaudado por las facturas. Pero el ministerio no los incorporó.
Tanto tardó Energía en cumplir el fallo por la falta de colaboración de las comunidades afectadas y la polémica que podía generarse alrededor del siempre discutido recibo de la luz, que el 21 de diciembre del pasado ejercicio el Supremo emitió una providencia para apercibir "personalmente" al ministro. Ahí dio su primer requerimiento: antes del 20 de enero de 2017 la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno debía tener en sus manos la propuesta de orden para la refacturación de la luz en las comunidades identificadas.
A los usuarios de Cataluña se les cargó con 142.000 euros; 16.500 euros en La Rioja; casi 4 millones en Comunidad Valenciana; y 12,4 millones en Castilla-La Mancha. Las cantidades se reparten en los recibos de todo un año, en función de la potencia de cada cliente.
En Galicia está pendiente de repercutir, al menos, el canon a los parques eólicos, con cerca de 23 millones de euros de ingresos en 2013. Pero podría afectar a más gravámenes como el de contaminación atmosférica, con alrededor de 3 millones de euros; o el impuesto a los embalses, que ronda 11 millones de euros. El actual director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, alertó en el momento de la creación de la tasa a las hidroeléctricas, en la etapa del bipartito, que era susceptible de derivar en un suplemento territorial.
La Xunta se resiste a asumir el encarecimiento
- Al Ministerio de Energía le cuesta tanto que las comunidades con tributos eléctricos aporten toda la información disponible que incluso pidió la ayuda del Tribunal Supremo para presionarlas. Las empresas también lo hicieron. Pero el tribunal se negó y en incidente de ejecución de sentencia de marzo recordó al equipo de Álvaro Nadal que Hacienda cuenta con los datos de los impuestos regionales para poner en marcha los suplementos territoriales.Galicia nunca ocultó que estaba en el grupo de las más reacias. La Consellería de Economía, Emprego e Industria reconoció a FARO que el ministerio le solicitó los datos varias veces, pero que no está dispuesta a acatar el recargo. Son "impuestos mediambientales propios" para toda actividad "tenga o no que ver su objeto social con la actividad eléctrica", justificaba el pasado enero, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden con los primeros recargos. Insiste la Xunta en que sus tributos "no gravan directa ni indirectamente" las "actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico". Pero lo cierto es que tanto el canon por agua embalsada como el eólico solo afectan a empresas eléctricas, y en el caso del impuesto a los aerogeneradores, el gravamen de Castilla y León -entre los recogidos en la orden de suplementos de enero- es idéntico al de Galicia.¿Qué han hecho las comunidades afectadas? Al menos Castilla-La Mancha tenía la intención de recurrir ante la Audiencia Nacional. Lo mismo que probablemente ocurrirá con Galicia y la nueva orden que ultima Energía.
