En 2011 el Gobierno gallego puso en marcha un nuevo sistema para controlar el horario de los empleados públicos de la administración general. Se trata de la implantación de tarjetas digitales que conectadas al ordenador indican la hora en que el funcionario se sienta en su mesa. Seis años después, el modelo aún no se ha completado y actualmente siete de cada diez trabajadores de la Administración autonómica están controlados mediante este dispositivo. Este porcentaje de aplicación relega a Galicia al furgón de cola de las comunidades autónomas, según el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Este sistema, dentro del proyecto denominado Kronos, no está pensado para todos los empleados públicos, sino para los dependientes de la administración general, dejando al margen los del área sanitaria y educativa y al personal de las sociedades mercantiles y fundaciones. Por tanto, serán unos 20.000 trabajadores los que finalmente estén sometidos a este control horario digital que busca que los empleados públicos entren y salgan a su hora de los puestos de trabajo.
Según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, el personal acreditado mediante la tarjeta digital es el 71,2%, por lo que faltan más de 5.500 empleados por incorporarse al programa. Sin embargo, estos datos están muy alejados de la media nacional. En último informe sobre la administración electrónica en las comunidades autónomas elaborado por el Ministerio de Hacienda deja a Galicia a la cola del pelotón. Con datos de 2014, ya por entonces doce autonomías aplicaban el control horario al 100% de sus empleados públicos: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia y Navarra.
En ese año, la implantación en Galicia era del 57%, mientras que en Extremadura era del 23%. En Asturias y La Rioja todavía no se había iniciado el procedimiento y el País Vasco no reporta información.
El control digital sustituye a la tarjeta de banda magnética para fichar en el trabajo. A pesar de ser uno de los sistemas más extendidos entre empresas y administraciones, no garantiza un control efectivo de todas las entradas y salidas y tampoco permite verificar si fue el titular de la tarjeta el que la introdujo en la máquina o fue otra persona. Algunos empleados públicos, sin embargo, ni siquiera tienen que fichar o trabajan en edificios con métodos de control más laxos. En algunas dependencias de la Xunta, los funcionarios solo tenían que firmar una hoja de partes al llegar y al salir.
Las tarjetas digitales están provistas de tres dispositivos: un chip criptográfico, que incluye entre otros certificados digitales el de personal al servicio de las Administraciones públicas; una banda magnética, que contendrá los datos del profesional para su empleo en los sistemas de información a los que tenga acceso; y la identificación por radiofrecuencia para el control de entrada en lugares de paso restringido.
La introducción de esa acreditación en el lector con que se equipará a cada ordenador facilitará a la Xunta toda la información sobre los horarios y hábitos laborales de los trabajadores.
