Vender un souto de castaños, un viñedo, un prado, un patatal, una explotación agraria o un galpón tendrá un coste adicional para quienes quieran deshacerse de cualquier inmueble en suelo rústico si Hacienda da el visto bueno a la propuesta de reforma de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El órgano de poder local plantea al Gobierno central que extienda el impuesto de plusvalía municipal a los bienes en suelo rústico, en la actualidad exentos, para amortiguar la caída de ingresos que supone la anulación del tributo en las transacciones a pérdidas dictada por el Tribunal Constitucional. Pero esta propuesta no convence a los alcaldes gallegos. Para el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfredo García (PSdeG), imponer una nueva tributación en suelo rústico resulta "perjudicial" para el rural.
Aunque los regidores gallegos están de acuerdo "en términos generales" con la filosofía de reforma propuesta por la FEMP, García advierte de que los suelos rústicos "tienen unas especificidades muy concretas", de manera que gravarlos resultaría "perjudicial" para el "desarrollo económico de áreas que lo necesitan con urgencia".
Una de las propuestas remitidas por la FEMP a Hacienda defiende la reforma total del impuesto de plusvalía municipal, un tributo aplicado por los ayuntamientos pero que regula el Gobierno central. Ese cambio para calcular lo que se debe pagar por cada transacción no tiene en cuenta el valor catastral del, sino que la base imponible se calcularía simplemente como la diferencia entre el "valor de transmisión" (precio de venta) y el "valor de adquisición" (precio de compara). Este sistema no solo gravaría las ventas, herencias o permutas en suelo urbano, como ocurre ahora, sino que se extendería también a cualquier operación en suelo rústico, tal y como recoge de documento enviado por la FEMP, presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al departamento dirigido por Cristóbal Montoro. Con el objetivo de evitar las dobles imposiciones, ya que en las ganancias que puede generar la venta de un piso también tributan en el IRPF, Caballero plantea que la cuota del impuesto de plusvalía sea deducible de los tributos locales.
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Ya antes de que el Constitucional dictase la primera de las tres sentencias sobre la anulación del pago de la plusvalía en ventas a pérdidas, la Fegamp propuso la revisión del tributo en su hoja de ruta para la reforma local. "Resulta urgente una revisión", recogía el documento de los alcaldes gallegos, ya que este impuesto "determina plusvalías en todos los supuestos cuando, por el efecto de la crisis y la depreciación de los inmuebles, se están generando auténticas minusvalías".
Ante esta situación, la Comisión de Análise das Facendas Locais de la Fegamp apostaba por "definir la base imponible atendiendo a las efectivas plusvalías", en particular "las derivadas de las actuaciones urbanísticas, integrándolo en el IRPF a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".
A punto de cumplirse un mes de la última sentencia del Constitucional sobre la anulación del impuesto de plusvalía en las compraventas donde no hay ganancia alguna, Hacienda todavía no ha fijado el calendario de reforma de la Ley de Haciendas Locales, una situación que ha llevado a los ayuntamientos a plantearse paralizar el cobro del tributo hasta que no se modifique la Ley de Haciendas Locales.
Desde la Fegamp, su presidente urgió hace semanas a Montoro que aclarase qué administración iba a asumir el coste de las devoluciones. Alfredo García advierte de que los concellos "se limitaron a aplicar una ley aprobada por el Estado". "No es justo que ahora asumamos los efectos negativos derivados de esta ley", sentencia el presidente de la Fegamp. "Si fuera así, una vez más los concellos volverían a pagar la factura de otro, y en un momento donde se exige un rigor máximo en el gasto y la gestión presupuestaria", concluye el alcalde de O Barco.
