La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) estudia encargarse de las órdenes de ejecución por motivos estéticos -como pueda ser acabar una fachada o una demolición por mandato judicial- en los ayuntamientos que así lo pidan en el marco de la nueva ley del suelo. Además, "está trabajando" para que aumenten los ingresos de los municipios adheridos a este organismo, que actualmente reciben el 50% de las sanciones -la otra mitad es para la Xunta-.
Así lo expuso ayer el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, en comisión parlamentaria para hacer de la década de vida de esta agencia.
