La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) estudia encargarse de las órdenes de ejecución de demoliciones por motivos estéticos en los ayuntamientos que así lo pidan en el marco de la nueva ley del suelo, mientras que "está trabajando" para que aumenten los ingresos de los municipios adheridos a este organismo, que actualmente reciben el 50 por ciento de las sanciones (la otra mitad es para la Xunta).

Así lo ha expuesto hoy el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, que realizó balance la década de vida de esta agencia, dependiente de la Xunta, al tiempo que ha informado de que se busca asumir "más competencias" y que el organismo sea "más atractivo" para incrementar el número de ayuntamientos que se integren en este ente garante de la legalidad urbanística.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la Comisión de Ordenación Territorial, Cerdeira explica que se trabaja con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que los ayuntamientos puedan también delegar la tramitación de las órdenes de ejecución de edificios por motivos estéticos, en lo que considera una "importante medida en la lucha contra el feísmo".

Asimismo, subraya que la adhesión por parte de los ayuntamientos a la agencia es gratuita y, además, reciben el 50 por ciento del importe de las sanciones que impone la APLU. Para atraer a más municipios "se está trabajando para aumentar ese porcentaje de participación" en favor de las entidades locales.

Adhesión

En la actualidad la APLU cuenta con 66 ayuntamientos adheridos voluntariamente, los últimos cuatro se integraron en 2016. El siguiente en hacerlo será el de Ribeira, que tras dar luz ver en pleno municipal está pendiente de la aprobación por el Consello de la Xunta.

Aunque José Antonio Cerdeira apunta que esta "podría parecer una cifra baja" de ayuntamientos adheridos, asegura que muchos más han mostrados su disposición a integrarse en el futuro, al tiempo que reflexiona sobre un "un tema complicado" como es el urbanismo, con "dificultades técnicas" y falta de personal en la vida municipal para realizar las tareas necesarias.

Por tal motivo, recuerda las ventajas que ofrece la APLU de asistencia técnica y jurídica con 75 profesionales de "dilatada carrera y experiencia en el campo urbanístico".

La APLU ha ordenado derribar más de medio millar de viviendas u otras construcciones en el último lustro.