El negocio eólico en Galicia es lógico hasta en sus comienzos. En Estaca de Bares, la frontera natural entre el Atlántico y el Cantábrico, famosa por la intensidad de las rachas, está la cuna del sector. Allí se levantó el primer parque de relevancia en la comunidad. Fue el 6 de noviembre de 1987. La Xunta, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la entonces Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) firmaron un convenio para impulsar al viento en la búsqueda de alternativa a los recursos tradicionales que marcaba la ley de 1980 sobre Conservación de la Energía. El complejo, de 0,36 megavatios (MW), costó 109,6 millones de pesetas de la época.
"Fue un brillante y luminoso día otoñal en el que la absoluta calma de los habitualmente fuertes vientos que barren la zona impidió el funcionamiento de los aerogeneradores", recuerda Manuel Lara Coira, fundador de la Asociación Galega de Patrimonio Industrial, en un artículo del número de mayo de Dinamo Técnica, la revista publicada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. La situación provocó "comentarios maliciosos de aquellos asistentes". "Sostenían -dice Manuel Lara- que el aprovechamiento de la energía eólica carecía de futuro y que no pasaba de ser un divertimento de las empresas eléctricas para acallar las justas reclamaciones de los grupos ecologistas".
Hoy en la región funcionan 160 parques con 3.344 MW y hasta hace muy poco merodeaban otra vez esas mismas dudas de hace tres décadas sobre el futuro, aunque por razones muy diferentes.
La que fue líder española y cuarta potencia europea en el aprovechamiento del viento lleva desde 2013 prácticamente sin nuevas instalaciones. La única excepción fue el parque de 14 MW entre Aranga y Guitiriz inaugurado por Gas Natural Fenosa en marzo de 2015. Entre 1998 y 2007, el incremento medio anual rondaba los 300 MW. En los nueve ejercicios siguientes se encendieron en total 437.
¿Por qué ahora la Xunta decide dar un giro e incluso cambiar leyes, como ayer adelantó FARO, para favorecer las inversiones y recuperar el espíritu con el que nació la eólica en Galicia?
| ¿Cuándo empezó el bloqueo? El freno en la eólica de Galicia coincide con la guerra de concursos autonómicos. La Xunta del bipartito lanzó una subasta de 2.300 MW en la que priorizaba la entrada en el accionariado de los parques -y, por tanto, en los beneficios- de la propia administración. Antes incluso de conocerse a los ganadores, el proceso saltó por los aires por el enfrentamiento público entre las áreas del Bloque, con las competencias en energía, y las consellerías del PSdeG, a raíz de posibles irregularidades.
La eólica, cosa de expertos en ingeniería, protagonizó de repente el debate político. El concurso fue arma electoral, ejemplo de división en el gobierno para el PPdeG y una de las razones de su victoria en las urnas. Como prometieron durante la campaña, los populares anularon la puja por "vicios de legalidad" y sacaron una nueva y su propia ley eólica.
| ¿El nuevo concurso arregló algo? Aunque la intención inicial del primer ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo era un concurso más pequeño, la potencia fue la misma. Esta vez, sin valoración a la participación pública, el proceso brillaba gracias a la lluvia de millones de los planes industriales.
No quedó nada por prometer: desde granjas a un nuevo hospital privado, pasando por la polémica incineradora de residuos del sur que evitara la ampliación de Sogama. El desajuste entre semejantes inversiones y la potencia recibida obligó a la Xunta a activar la alternativa de la monetarización: en vez de ejecutar la totalidad de los planes industriales, los ganadores podían pagar en efectivo una cantidad proporcional a los megavatios concedidos.
Fue el primero de los muchos ejemplos que vinieron después de que el concurso eólico no iba a ser el remedio que la Xunta prometió para aplacar la grave crisis económica.
En 2014, la Consellería de Economía, Emprego e Industria permitió la renuncia total o parcial de proyectos a los ganadores. La potencia que siguió adelante bajó a menos de 2.000 MW.
| ¿Cómo influyó la judicialización? Pese a la defensa que el Ejecutivo autonómico hizo de la ley eólica de 2009 como escudo a la supresión del concurso del bipartito, hay sentencias a su favor y en contra. La más importante es, sin duda, la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de principios de 2016 que ordena repetir la valoración de los proyectos. Volver a empezar. El fallo está pendiente del recurso en el Supremo. De confirmarse, las consecuencias son inimaginables. Un problema de seguridad jurídica para los parques adjudicados que complica la financiación.
| Sin reforma energética, ¿las cosas serían diferentes? El maná que muchos veían en el negocio del viento se desdibujó tras los primeros recortes en las primas a las renovables del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los nuevos ajustes -con carácter retroactivo- y la eliminación de las subvenciones en el primer ejecutivo capitaneado por Mariano Rajoy. Los cambios afectaron de lleno a Galicia. Aquí están los parques más antiguos de España -los que mayor descenso registraron en la tijera a las primas- y alrededor de 2.400 MW pendientes de desarrollar entre los supervivientes del concurso y los de adjudicaciones anteriores, para los que el fin de las primas fue el freno definitivo.
| ¿Qué ha cambiado? Básicamente, la actitud del Gobierno central ante las renovables. La reforma energética se justificó con el supuesto exceso de generación en comparación con la diezmada demanda de hogares e industrias por la crisis. Y parte de razón hay en eso. Pero España, al igual que el resto de países de la UE, debe llegar a 2020 con un 20% del consumo procedente de energías limpias y ahora ronda el 17%.
Tras una primera puja cargada de críticas para ensayar el pago excepcional que sustituyó a las primas de las renovables, el Ministerio de Energía celebró una macrosubasta de 3.000 MW el pasado 17 de mayo en el que la demanda triplicó la oferta y prepara otra idéntica para el verano con garantías de rentabilidad suficiente para el sector.
| ¿A la Xunta le queda otra alternativa? "Desde el contacto permanente con el sector, la administración autonómica va a introducir modificaciones en la normativa para que las empresas que ganaron megavatios en la puja tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos en tiempo y forma", aseguraron fuentes de la consellería a FARO.
Es el reconocimiento de que la cantidad y la calidad del viento en Galicia ya no es suficiente. Hay cuatro empresas adjudicatarias de la macrosubasta estatal -Gas Natural Fenosa, Endesa, Gamesa y Norvento, con 1.500 MW- con parques pendientes en la comunidad. Proyectos antiguos -solo desde el concurso pasaron seis años y medio y los hay más viejos- que la ley obliga casi a reiniciar para actualizarlos con aerogeneradores modernos y eficientes.
El tiempo corre en su contra. Los adjudicatarios de Energía deben tener en pie las instalaciones en diciembre de 2019. Si no, pierden los derechos y sus avales millonarios.
La lucha por una porción de los hasta 6.000 millones previstos en inversiones
- Por si los plazos fueran poca razón para cambiar la normativa eólica gallega, están las limitaciones a los proyectos. Los promotores sin autorización autonómica en Galicia hoy por hoy no pueden traer su potencia aquí, a no ser que lleguen a acuerdos con los que sí la tienen. Así, por ejemplo, si Forestalia, que arañó 1.200 MW en la puja del 17 de mayo, quisiera construir algún parque en la comunidad, la ley gallega se lo impide. Todo apunta a que ese será uno de los cambios que la Xunta incluya en la normativa, como ya lo han hecho otras comunidades. Porque además la nueva legislación estatal descarta que puedan hacerse repartos de potencia en las regiones. Cuando en noviembre de 2010 la Consellería de Economía dio a conocer los ganadores de su concurso cifró en 12.000 los empleos y 6.000 millones de euros en inversiones. Por el momento, según los datos de la Xunta, van cerca de 740 millones. ¿Qué pasará con los planes industriales? Es una de las respuestas que quedan. Según la patronal eólica española, las inversiones con la macrosubasta del 17 de mayo suman 3.000 euros. La siguiente puja rondará pues otros 3.000 millones. Los mismos 6.000 que Galicia pretendía con su concurso y de los que ahora aspira a quedarse con una porción.
