La derivada ourensana de la operación Patos coleaba desde 2015, pero ya no. El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, ha archivado el caso sin ver delito. En la pieza derivada de la macrocausa que se inició en Vigo en 2013, había siete investigados. La Policía dedujo de las escuchas supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines en Ourense en 2013. El caso se cierra, aun apreciando el juez comportamientos "moralmente reprobables".

El magistrado concluye que, "de todo lo instruido hasta la fecha, ninguna prueba se ha obtenido que nos llevase a pensar que de forma intencionada e ilegal se le atribuyó a la empresa investigada la concesión". El viaje de un funcionario del concello a un congreso, a cargo de la firma, no constituye delito porque "no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros".

El enviado del ayuntamiento al citado viaje era el jefe de servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á. Según el juez, "no puede concluirse que la invitación al congreso celebrado en Málaga pretendiese de algún modo influir en la resolución del concurso, especialmente si tenemos en cuenta que la persona que finalmente asistió no formaba parte de la mesa de contratación, más allá de lo censurable que desde un punto de vista moral pueda considerarse dicha conducta".

El auto de sobreseimiento provisional no es firme. La Fiscalía aún puede recurrir en reforma ante el propio juzgado 1, o en apelación para que la Audiencia revise. El archivo tiene fecha 3 de mayo. El viernes no les constaba a las defensas que el fiscal hubiera dado el paso.

La pieza en Ourense de la Patos (diligencias 3739 /2015 de Instrucción 1) mantuvo bajo el foco a un total de 7 investigados: 4 representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería S. L. (J. R. A. G., P. M. A. , J. L. P., y A. C. G); la propia empresa como persona jurídica; y dos funcionarios del área de Medio Ambiente del concello de Ourense -el jefe de servicio, C. J. C. Á., y el jefe de Sección, G. G. V., que era el responsable del contrato-.

Las diligencias se abrieron en noviembre de 2015, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo para investigar presuntos delitos contra la administración pública.

Las escuchas policías nutrían el grueso de las pesquisas. La investigación trató de determinar si existieron delitos y contactos ilegales, como posible tráfico de influencias o prevaricación, entre empresarios, funcionarios y políticos -aunque a este nivel no llegaron las imputaciones provisionales-, en el proceso de adjudicación en 2013 del cuidado de las zonas verdes y jardines públicos de Ourense.

A finales de 2013, el concello ourensano resolvía a favor de Cespa Jardinería S. L., filial del gigante Ferrovial. El contrato, que la empresa investigada aún sigue prestando en precario hasta que se resuelva la nueva adjudicación, fue de 1,1 millones de euros anuales.