El plan de financiación a las universidades que Galicia lanzó en 2010 para administrar los recursos de los siguientes cinco años pasó a la historia porque por primera vez el objetivo de inversión en los campus superaba el 1% del Producto Interior Bruto (PIB), porque parte de las transferencias quedaban ligadas a los resultados de las instituciones y por lo que costó el acuerdo. Ninguna de las tres quedó muy contenta. Ahora, con otro plan aprobado hasta 2020, llegan las consecuencias de las reticencias con las que entonces se firmó el acuerdo. Particularmente desde la Universidad de A Coruña, que acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para reclamar 8,7 millones -indemnización incluida- por la incorrecta aplicación de los criterios en uno de los fondos del sistema. En "la partida más importante", como recuerda el TSXG en la sentencia que le da la razón y obliga al Gobierno gallego a recalcular las entregas. Cuando se conoció en julio de 2015 la demanda de la universidad coruñesa, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tachó "el debate" de "artificial" y "fuera de la realidad", e incluso avanzó que no pensaba poner ni un euro más. Que de darse un fallo así, el dinero debería venir de los centros de Vigo y Santiago.
"La consellería no va a recurrir la sentencia. En estos momentos se está buscando una solución negociada con la Universidad de A Coruña para ejecutarla. Creemos que hay un buen entendimiento por ambas partes y esperamos a alcanzar un acuerdo en poco tiempo", aseguraban ayer a FARO fuentes del departamento que dirige Román Rodríguez. En la institución herculina y en la de Vigo prefieren analizar el fallo antes de hacer comentarios.
El plan se dividía en tres grandes fondos: mejora de la calidad, por resultados y el estructural. Este último era una subvención fija para cubrir, entre otros, los costes del día a día de las instituciones. En el primer ejercicio del plan de financiación la partida sumó un total de 290 millones de euros, de los que 123,7 fueron a la de Santiago; 88 a Vigo y 78,3 millones a la de A Coruña. El reparto a partir de 2012 dependería de una serie de criterios, aplicados de forma progresiva, que las tres y Educación firmaron pocos meses después de activar el plan.
Ahí se centró la queja de la universidad coruñesa. La Xunta, hasta julio de 2014, "solo comunicaba cómo liquidaba el porcentaje afectado por los indicadores", pero sin detallar de dónde salía ese porcentaje. La institución herculina llegó a la conclusión de que estaba mal calculado desde que empezó el nuevo sistema de financiación y el desequilibrio se fue, como reconoció el perito, "amplificando" en el resto de ejercicios.
La sentencia señala, además, que la propia normativa dejaba fuera del reparto los gastos derivados de los sexenios y los complementos. No ocurrió así.
La primera reclamación que presentó la Universidad de A Coruña en 2014 estimaba una diferencia entre lo que recibió y lo que debería haber tenido por esta vía alcanza los 2,829 millones de euros, "en tanto que se produce un sobrefinanciamiento de la Universidad de Santiago y de Vigo en las cantidades de 2,265 millones y de 564.128 euros, respectivamente". La cuantía completa por toda la duración del plan asciende a 7,323 millones de euros con 216.600 euros más de intereses.
Aunque la demanda incluía el pago de una indemnización de 1,2 millones de euros, en eso el TSXG no le da razón.
Sí admite el recurso en el resto de pretensiones y ordena la revisión de las cantidades que les corresponden a las tres universidades gallegas por la financiación estructural y regularizar la situación. El montante, según recoge el fallo, no podrá ser nunca superior a los 7,3 millones que exige A Coruña.
La consellería recuerda que el fallo "se circunscribe a una discrepancia en la interpretación de un párrafo en uno de los fondos del anterior plan de financiación" y que esto no afecta "para nada" al nuevo.
