19 de mayo de 2017
19.05.2017

La Femp censura la inacción de Hacienda por no reformar el impuesto local de plusvalía

El Constitucional anuló su aplicación en las ventas de inmuebles con pérdidas -Las primeras demandas de devolución llegan al Concello de Vigo

19.05.2017 | 02:17

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, censuró ayer la inacción del Ministerio de Hacienda para reformar, pese a los avisos previos, el impuesto de plusvalía municipal que grava las operaciones de compra-venta de inmuebles, cuya aplicación en las transacciones con pérdidas acaba de ser anulada en toda España por parte del Tribunal Constitucional.

Caballero exigió "agilidad" a Hacienda para proceder a la modificación de este tributo y criticó el "silencio" del ministro, Cristóbal Montoro, que no dio ninguna respuesta, dijo, cuando la Femp le advirtió ya hace año y medio de que se estaba cobrando por operaciones cuyos titulares no habían obtenido beneficio alguno. "Queremos seguridad jurídica", reclamó el alcalde.

Tras la sentencia del Constitucional, ahora le corresponde al Gobierno modificar la ley para ajustarse a la Carta Magna, de forma que el tributo solo se pueda cobrar a las ventas que reporten beneficios para los propietarios.

Como el ministerio asegura que está esperando un informe de la Femp para iniciar la reforma del impuesto -ya que quiere hacerla de forma consensuada con los alcaldes-, Caballero aseguró que a finales de este mes se aprobará el criterio que defienden los ayuntamientos para modificar el tributo.

Añadió que en el caso de Vigo, el Concello ya no está tramitando el impuesto cuando se detecta que la operación de compra-venta se saldó con pérdidas. Además, comentó que ya han llegado las primeras reclamaciones de contribuyentes que solicitan la devolución del tributo. "Ya hay varias demandas y las veremos desde la cercanía a los ciudadanos", comentó.

Sobre esto, el portal online reclamador.es asegura que los gallegos que pagaron la plusvalía municipal pese a no obtener beneficio en la transacción podrían reclamar hasta 82,3 millones de euros, a razón de unos 4.500 euros de media por cada una de las 18.300 operaciones con pérdidas registradas en los últimos cuatro años en la comunidad autónoma, de las cuales 8.100 corresponde a A Coruña, 5.600 a Pontevedra, 2.600 a Lugo y 2.000 a Ourense.

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