El minifundismo y el abandono de tierras son los dos principales males que aquejan al rural y además lastran a la economía gallega. El Foro Económico ha identificado como una de las asignaturas pendientes de Galicia poner en uso la superficie agraria improductiva y ampliar la base territorial de las explotaciones. Y la Xunta no solo coincide con el diagnóstico, sino que se ha fijado como uno de los principales retos de la legislatura la movilización de tierras. Una de sus estrategias es favorecer la transmisión de fincas rústicas. Para incentivarla desde enero de 2016 aplica una política de "impuestos cero" en el rural, que consiste en que no se paga el tributo de transmisiones patrimoniales ni el de actos jurídicos al adquirir una finca en el rural. Sin embargo, estas exenciones fiscales no han logrado frenar una inercia de descenso que se arrastra ya desde hace años y en 2016 la compraventa de parcelas en el campo volvió a caer: un 15 por ciento, el mayor descenso de España -de las seis comunidades en las que ha bajado, puesto que en la mayoría suben las adquisiciones-.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año se vendieron 6.145 fincas rústicas en Galicia -se incluyen todas aquellas parcelas ubicadas en el campo incluidas las explotaciones agrarias-. Se trata de la cifra más baja de los últimos diez años. Fueron 1.126 menos que en 2015 y menos de la mitad de las compraventas registradas en 2007 cuando la cifra rondaba las 15.000.
Pero el estancamiento de la propiedad no solo se refleja en las ventas sino en otro tipo de transmisiones como donaciones, permutas o herencias. En 2016 solo cambiaron de mano 20.653 fincas, un 31 por ciento menos que el año anterior. En el caso de las herencias, por ejemplo, donde la Xunta también aplica una rebaja en el impuesto de sucesiones, el descenso fue del 5 por ciento.
La movilización de tierras agrarias es el mejor instrumento para evitar que queden en desuso y permitir que otras explotaciones puedan incorporar estas fincas y ampliar su dimensión. La Xunta es consciente de ello y lo ha convertido en una de sus prioridades de legislatura. En su discurso de investidura Feijóo prometió ordenar la propiedad de más de 130.000 familias gallegas, en el 36 por ciento de los concellos que tienen actividad agrícola, ganadera o vitivinícola.
Una de sus últimas medidas ha sido la creación de cuatro unidades de asesoramiento que rastrearán explotaciones cuyos titulares estén a punto de jubilarse para mediar y facilitar el traspaso de tierras y maquinaria a otros propietarios que estén interesados en ampliar su base territorial y evitar así que queden abandonadas estas tierras.
Además, el Gobierno gallego continúa impulsando rebajas fiscales en el rural. Si primero activó la exención de impuestos en la compraventa de fincas rústicas, desde este año esa bonificación se extiende a los jóvenes y familias numerosas y personas con discapacidad que quieran adquirir una vivienda en el rural.
