13 de mayo de 2017
13.05.2017
El futuro de la principal vía de comunicación de Galicia

De la Serna niega el traspaso de la AP-9: "Su titularidad está donde tiene que estar"

El Gobierno descarta la transferencia a los tres días de aprobarse la demanda por unanimidad en la Cámara gallega -El Ejecutivo puede utilizar su derecho a veto como ya hizo en octubre

13.05.2017 | 12:57
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. // Efe

Tres días ha tardado el Gobierno central en desbaratar la propuesta aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego para reclamar al Estado la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9. Al igual que en ocasiones anteriores, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que la autopista que atraviesa Galicia de Ferrol a Tui es de "interés general del Estado", por lo que la titularidad de la principal arteria de comunicación viaria de la comunidad se mantendrá en las mismas manos que ahora, cerrando así la posibilidad de un traspaso a la Xunta.

La respuesta a la demanda gallega la dio el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de cuyo departamento depende la autopista. "La titularidad de la AP-9 tiene que estar donde está", sentenció tras el Consejo de Ministros, marcando así el destino que le queda a la proposición de ley aprobada por el Parlamento autonómico.

De la Serna descartó el traspaso, pero recordó que ya se están dando los pasos, por la vía del "diálogo y la cooperación", para crear un grupo de gestión compartida entre la Xunta y el Gobierno central sobre las decisiones que afectan a la vía de peaje.

Las palabras del ministro abocan al fracaso el segundo intento en pocos meses del Parlamento gallego sobre la AP-9. Porque una iniciativa en el mismo sentido se encontró con el veto del Gobierno central el pasado mes de octubre y la iniciativa ni siquiera se llegó a debatir en el Congreso de los Diputados, que es la institución donde los grupos parlamentarios gallegos tienen que defender la demanda y obtener el respaldo mayoritario.

Pero el Ejecutivo puede bloquear estar iniciativas, dado que conforme a la legislación las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Gobierno central para ser debatidas, ya que cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

Este derecho fue el que utilizó el pasado octubre. Como argumento del rechazo se utilizó un informe del Ministerio de Fomento que estima el coste del rescate de la concesión de la AP-9 en más de 4.300 millones de euros. Sería, según el informe, la Administración General del Estado "la que tendría que asumir de manera inmediata" las indemnizaciones y "no existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento para el ejercicio 2016 que permitan afrontar dicho pago".

Ante el veto, el Parlamento gallego retomó su iniciativa, pero eliminando dos aspectos clave para ver si así sorteaba el bloqueo del Gobierno central. Por un lado, se evita establecer un plazo de seis meses para realizar el traspaso y, por otro, el más importante, se especifica que el cambio de titularidad no supondría ningún incremento de gasto o reducción de ingresos para las arcas estatales, cerrando la puerta temporalmente a la reclamación del rescate.

El nuevo texto se aprobó el pasado martes en el pleno y ahora se remitirá al Congreso, que tiene dos años de plazo para tramitar la proposición de ley gallega. Su defensa correría a cargo de tres diputados autonómicos del PP, PSOE y En Marea, si bien las palabras de ayer del ministro de Fomento dejan claro que la iniciativa tampoco tendrá recorrido en las Cortes. En todo caso, el PPdeG ya había calificado el traspaso de la autopista como "una empresa muy difícil".

Entre el veto de octubre y la nueva proposición de ley, la Comisión de Fomento del Congreso aprobó en febrero una propuesta instando al Gobierno a levantar el bloqueo, en contra de la cual votaron PP y Ciudadanos. No obstante, el Ejecutivo no está obligado a responder ante este requerimiento.

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