Era una quema controlada de la empresa pública Seaga a petición de la asociación de cazadores de Bande. Pero la "absoluta falta de previsión, tanto de las condiciones como de los medios, presuntamente por especialistas y profesionales seleccionados por mérito y capacidad", degeneró en un incendio forestal que arrasó 475 hectáreas en abril de 2011, según se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a Medio Rural a pagar 160.000 euros a la comunidad de montes.

La Sala de lo contencioso no ahorra calificativos en la sentencia al determinar la responsabilidad patrimonial de la administración, tachando de "tercermundista" la actuación de la consellería de Medio Rural y Seaga.