La investigación necesita financiación pero también consolidar su capital humano. Eso es lo que defiende la comunidad científica: "una apuesta por la innovación con un compromiso sincero". Desde el inicio de la crisis se han perdido más de 4.200 investigadores que trabajaban para las distintas administraciones públicas. Según las cifras del Instituto Galego de Estadística, se ha pasado de una plantilla de 24.165 profesionales a solo 19.962 en 2015.

Y entre los investigadores contratados por la Xunta predominan los contratos temporales. A modo de ejemplo, de la veintena de investigadores y personal de apoyo de la Fundación Biomédica de Galicia Sur, únicamente tres tienen un contrato indefinido y solo porque hubo una inspección de Trabajo.

Por eso, la comunidad científica insiste en la necesidad de dar "estabilidad" a las plantillas. Se opone por esa razón al artículo 6 del borrador de decreto que presentó Facenda en el que se limita a un máximo de cinco años la duración de los contratos.

Sin estabilidad laboral "no se contribuye a una posición competitiva en la sociedad moderna que depende de la tecnología y del conocimiento", tal y como alegan los investigadores gallegos. Además piden que se reconozca la figura del personal técnico de apoyo.

Por un lado, argumentan que se dificulta la capacidad de atracción y retención de talento en todas las áreas de investigación. El hecho de limitar la duración de los contratos hace que el sector público gallego "sea poco atractivo" para trabajar, lo que termina provocando, según alertan los científicos, una fuga de cerebros hacia el extranjero.

Pero también se están perdiendo recursos. Recuerdan que buena parte de la financiación para investigación procede del Gobierno y de la UE y la mayoría de las convocatorias requieren que el investigador que las solicita tenga una estabilidad laboral de duración igual o mayor a la del proyecto. Por eso, reclaman una solución para no perder estos fondos.