En los últimos siete años la inspección laboral ha permitido destapar en la comunidad gallega 2.800 casos de fraude en las prestaciones por desempleo. Se trata de personas que percibían el paro pese a estar trabajando en negro o que bien eran beneficiarios de otros subsidios incompatibles como la jubilación. Tras descubrirse el engaño, son dados de baja y se les exige la devolución de las cantidades que cobraron de forma indebida.
En 2016 los controles que el Ministerio de Empleo realiza en colaboración con la Xunta permitieron detectar 350 casos, un 22 por ciento menos que el año anterior. Fue en 2013, en plena crisis económica, cuando se descubrieron el mayor número de irregularidades: un total de 476.
Durante 2017 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social prevé continuar con su programa de lucha contra el fraude en las prestaciones de desempleo mediante el cual prevé retirarle el paro a 220.000 defraudadores en España, lo que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 1.900 millones de euros.
Entre las medidas de control que se llevarán a cabo este año está la realización de 4,5 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo. También están previstos 2,5 millones de cruces de datos informáticos entre los Servicios Públicos de Empleo y la Seguridad Social para detectar si el beneficiario puede tener un empleo sumergido y 3,5 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación.
El Ministerio de Empleo hará además 400.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos de prestaciones y 10.000 comunicaciones a empresas que hayan colaborado en la comisión del fraude.
Aunque no hay un desglose por comunidades de las cifras que se reclamarán a parados gallegos por los cobros indebidos, el Tribunal de Cuentas había revelado que al cierre de 2013 la deuda de estos desempleados defraudadores con el Gobierno se elevaba a 23 millones de euros.
Pero las prestaciones por desempleo no son las únicas que se someten al escrutinio de los inspectores de trabajo. Entre 2010 y 2015 se retiraron también 621 subsidios por incapacidad temporal, 46 de invalidez y un total de 89 de jubilación, que también estaban siendo cobradas indebidamente.
Según las cifras del Ministerio de Trabajo, el dinero defraudado en la percepción de prestaciones durante este mismo periodo, no solo por parte de los trabajadores sino también de las empresas, se eleva en la comunidad gallega a casi 15 millones de euros.
