¿Pagó la Xunta 916.000 euros de más por la expropiación de una cantera ocupada para la construcción del macronudo de Curro, en Pontevedra? ¿Lo hizo engañada por un perito que infló la valoración de esta cantera confabulado con su dueño para obtener ambos un importante beneficio económico a costa de los fondos públicos? La respuesta a estas dos preguntas están en la mano de las tres magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que deberán dictar sentencia tras el juicio que ayer sentó en el banquillo al responsable de la cantera y la empresa Áridos de Curro, Juan Luis Abal Piñeiro, y al perito contratado por la administración autonómica para valorar los bienes afectados por estas expropiaciones, Juan Manuel Melón Somoza.

Xunta y Fiscalía Provincial de Pontevedra están convencidos de que sí hubo sobreprecio y engaño a la administración. Ambos presentan acusación contra los dos acusados por estafa y falsedad en documento oficial por confeccionar a sabiendas un documento en el que se multiplicaba por tres (o incluso más) el valor real de la cantera expropiada. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para los dos acusados y ayer el abogado de Xunta la situó también en 5 años. Ambas acusaciones reclaman también a los acusados devolver los 916.000 euros que supuestamente se habrían pagado de más. El dueño de la cantera también se arriesga a otros 10 meses de prisión por defraudar al fisco.

En el juicio celebrado ayer declararon dos peritos,uno designado por la Fiscalía y otro por el juzgado, que consideran que la valoración realizada por su colega sobre esta cantera y los bienes expropiados es "exagerada" e "incongruente". Las defensas hicieron comparecer a sus expertos, quienes destacaron que la cantera "no estaba agotada", como dicen las acusaciones.

Abal negó haber acordado con este perito (contratado a través de una asistencia técnica externa por la Xunta) inflar la cantera, ni tampoco con ningún otro político o cargo público. "Para nada", dijo, "eso es una barbaridad". Melón defendió su peritaje y también negó haber inflado este informe "ni ningún otro" .

Ayer también declaró la persona que destapó con su denuncia ante la Fiscalía este posible caso de fraude a la administración. Es Marcos Lojo, a quien el dueño de la cantera, Juan Luis Abal, encargó en un primer momento la gestión ante la administración de todo el proceso expropiatorio a cambio de un 5% de la indemnización.

"Él me dijo que todo eso no valía más que 100.000 euros", aseguró este testigo. No obstante, asegura que posteriormente Juan Luis Abal rescindió el contrato y no le pagó este 5%. "Me dijo que ya no necesitaba mis servicios", dado que "después del cambio político" en la Xunta (es el año 2009 cuando el bipartito da paso a un nuevo gobierno del PP) "ese dinero ya no se lo iban a dar por mi trabajo sino por ser él quien era" y que "tú no vas a chupar de nosotros". En su denuncia ante Fiscalía, Marcos Lojo aludió a la relación familiar de Juan Luis Abal, el dueño de la cantera, con el entonces presidente del PP y la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, dado que son primos segundos.

En su declaración ayer reconoció que esa alusión a la relación familiar entre Louzán con el dueño de la cantera y esta indemnización expropiatoria "fue cosecha mía", pero añadió que "somos del mismo pueblo y todos nos conocemos".