10 de mayo de 2017
10.05.2017

El Parlamento pide el traspaso de la AP-9, pero el PP advierte de que será "muy difícil"

-La exclusión del BNG de la comitiva que defenderá la propuesta en el Congreso tensa el debate -Populares, En Marea y PSdeG copan los puestos fijados por ley y Pontón denuncia una "pinza"

10.05.2017 | 12:06
Pantalla de votación en el Parlamento y el grupo del PP, con Feijóo y conselleiros en primera fila. // X. A.

Galicia solventó ayer el último trámite para enviar a las Cortes Generales su petición unánime para que la Autopista del Atlántico (AP-9) sea traspasada a la comunidad. El enésimo intento de lograr esa competencia se selló con el consenso de las cuatro fuerzas parlamentarias gallegas tras eliminar cualquier atisbo que permitiese el rescate de la vía de manos de la concesionaria. A pesar de ello, el PP, cuya mayoría absoluta era indispensable para el acuerdo y que en Madrid ya tumbó la última iniciativa similar, ya advirtió de que se trata de una "empresa muy difícil" y carece de "precedentes". El consenso no impidió los cruces de acusaciones, que encabezó el BNG ante su exclusión de la delegación parlamentaria que defenderá en el Congreso esta demanda.

Todos los partidos gallegos votaron a favor de la propuesta de ley precisamente del Bloque para reclamar la transferencia de la vía de comunicación que estructura el Eje Atlántico y cuya concesión concluye en 2048, tras extenderla al máximo legal el Gobierno de José María Aznar (PP). Una iniciativa similar a finales del año pasado ya fue tumbada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, alegando que dispararía su gasto con la rescisión del contrato con la concesionaria. Esa vía, usada para anular otras propuestas legales, fue criticada por los letrados de un Congreso en que el PP carece de mayoría.

La nueva iniciativa gallega elimina dos aspectos clave. Por un lado, se evita establecer un plazo de seis meses para el traspaso. Por otro, el más importante, se especifica que el cambio de titularidad no supondría ningún incremento de gasto o reducción de ingresos para las arcas estatales, cerrando la puerta temporalmente a la reclamación del rescate, que siguen planteando BNG y En Marea.

El popular Martín Fernández Prado rebajó el optimismo tras aprobar la norma, pues considera una "empresa muy difícil" alcanzar la competencia sobre la AP-9 y considera que "no son asimilables" los casos de Euskadi y Cataluña, que sí poseen la titularidad de las AP-8 y A-17 y A-19, a pesar de ser vías de "interés general". Este argumento fue esgrimido la legislatura pasada por el Ministerio de Fomento para justificar su negativa al traspaso.

La oposición se lanzó en tromba contra lo que entienden incoherencia de los populares. "La noticia hoy es que no puede garantizar que el PP pueda votar lo mismo aquí y en Madrid", resumió Antón Sánchez, de En Marea, hilo argumental que Fernández Prado rebatió recordando la oposición del bipartito a una petición de traspaso -no de ley- de su partido hace una década.

El viceportavoz del grupo rupturista culpó a su némesis de permitir el "saqueo" de la AP-9, "privatizada a precio de amigo a Sacyr, una empresa donante del PP según los papeles de Bárcenas", espetó, en alusión al extesorero popular. Defendió retirar la concesión y que la Xunta asuma la gestión de la vía.

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga reclamó al PP "convencer a sus diputados en Madrid" para lograr no solo el traspaso, sino "los peajes lo más bajos posibles y, si es posible, sin ellos", a pesar de que el próximo año se prevé un aumento de tarifas para satisfacer la demanda de la concesionaria de 115 millones de euros al Ministerio de Fomento por las obras de ampliación de la vía y la rebaja en el tramo entre Vigo y Pontevedra. Leiceaga también recordó los 500 millones de euros en impuestos que deja esa empresa. Además, el PSdeG anunció que propondrá pedir al Ejecutivo que frente a la subida de peajes del 1% durante 20 años. El PP votará en contra tras atribuir al Gobierno de Zapatero ese lastre.

Ana Pontón, portavoz del BNG, porfió en denunciar la doble vara del PP en Moncloa y San Caetano, al reservar dinero para rescatar las radiales madrileñas y frenar la transferencia de la AP-9.

La nacionalista también protagonizó la queja de la sesión, pues denunció la "pinza" del resto de fuerzas para vetar la presencia del Bloque en la lista de representantes parlamentarios que defenderán la propuesta en el Congreso, pese a haber sido quien presentó el texto inicial. "¿Les parece honesto y ético?", reprochó antes de pedir que, en el futuro, se evite la exclusión de quien propone un cambio legal.

La Constitución limita a tres representantes de los parlamentos autonómicos la comitiva que defienda sus propuestas legales en el Congreso, pero no su criterio de elección: acudirán Fernández Prado, Sánchez y Leiceaga. El primero alegó que "el grupo mayoritario debe estar representado", mientras Sánchez se abrió a buscar mayor pluralidad de la delegación, pero recordó que En Marea lidera la oposición, con los mismos 14 escaños que el PSdeG y más votos. Finalmente, Leiceaga fue el más crítico. "¡Qué lamentable actuación, qué victimismo tan fuera de lugar!", espetó, antes de fijar como prioridad la aprobación de la transferencia "y no que alguien se ponga una medalla que no merece". El Bloque cuenta con seis escaños.

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