El dinero que las administraciones invirtieron en obra pública en Galicia el pasado año se elevó a 336 millones de euros, pero el 26% de ese importe, casi 89 millones de euros, se asignó a dedo, mediante el procedimiento negociado que permite adjudicar de forma directa sin mediar concurso ni publicidad contratos de carácter menor. Fueron más de un millar los proyectos que se resolvieron de esta manera, seis de cada diez obras impulsadas en 2016. Pero no todas las administraciones recurren a esta modalidad de contratación con la misma intensidad. La Xunta solo lo utilizó para adjudicar el 12% de su inversión en infraestructuras. Por el contrario, para el Gobierno central y las entidades locales (concellos y diputaciones) es un mecanismo habitual al que han recurrido para otorgar el 35% de lo licitado.
La obra pública mueve un volumen importante de recursos públicos y además es muy ambicionada por las empresas, por lo que es preciso minimizar el riesgo de corruptelas o irregularidades. La fórmula de concurso público o incluso subasta -en la que se adjudica el proyecto a la oferta más barata- busca precisamente introducir estas garantías aportando transparencia al proceso. Sin embargo, para contratos menores se permite la adjudicación directa, aunque la legislación estipula que debe ser solo en casos puntuales y por razones justificadas, por ejemplo, por la urgencia en realizar una determinada obra. Cuando se recurre a este procedimiento, se invita a varias empresas y se negocia con ellas el contrato, sin que medie concurso, publicidad o licitación pública, por lo que existe mucha discrecionalidad. En ocasiones se han formulado de denuncias precisamente por trocear contratos grandes para poder adjudicarlos a dedo.
Según el informe sobre licitaciones públicas elaborado por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), de los casi 89 millones de euros contratados mediante el procedimiento negociado en 2016 en Galicia, la mitad (45 millones) se adjudicaron en los concellos y diputaciones. Casi el 37%del volumen de obra pública ofertado por las administraciones locales se asignó "a dedo". Fueron un total de 716 contratos de los 1.190 licitados.
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En el caso del Gobierno central, durante el pasado año se invirtieron solo 84 millones en infraestructuras, "una bajada considerable" que se puede atribuir al parón por la interinidad del Gobierno en funciones. Y el 34% de esta inversión se asignó a dedo, casi 29 millones de euros correspondientes a 147 obras (el 60% del total).
Solo la Xunta mantiene a raya el procedimiento negociado en sus contrataciones.Entre 2013 y 2015 redujo el límite presupuestario que permite adjudicar obras a dedo bajándolo de 50.000 a 25.000 euros. Sin embargo, en 2016 volvió a elevarlo para ajustarse a la normativa estatal. En todo caso, mantiene mecanismos de control para evitar fraudes o la concertación de precios entre las empresas invitadas, como que no podrán estar vinculadas entre ellas ni actuar bajo una unidad de decisión ni tener compartidos miembros de los consejos de administración. En 2016 solo adjudicó a dedo 15 millones de euros correspondientes a 142 obras.
Las empresas asumen la ejecución de los proyectos tras ofertar rebajas en su coste del 27%
- La dura competencia por hacerse con las obras públicas fuerza a las empresas a ofertar precios a la baja para hacerse con el contrato. El resultado es que las administraciones públicas licitaron el pasado año obras por valor de 463 millones de euros, que finalmente fueron adjudicadas por 336 millones. Es decir, con una rebaja de 127 millones sobre el precio inicial (un 27,4% menos).Lo que, en un principio, puede parecer un ahorro para las arcas públicas puede terminar saliendo caro, puesto que los precios, a veces irreales, que ofertan algunas empresas les obligan a hacer modificados posteriores y demandar sobrecostes a la administración. Estos incrementos en el precio pueden acabar generando conflictos entre las adjudicatarias y las entidades contratadoras que, al final, llevan a paralizar o retrasar la ejecución de las obras, como así sucedió con algunos tramos del AVE a Galicia.La Xunta impuso límites a los sobrecostes que pueden demandar las adjudicatarias y esto explica que sea la administración que adjudica las obras con menos rebajas sobre su presupuesto inicial. Según el informe de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), en 2016 el Ejecutivo gallego licitó proyectos por valor de 162,7 millones de euros y finalmente aprobó los contratos por 130 millones, es decir, con una rebaja media del 20 por ciento.Por el contrario, en las obras del Gobierno central el presupuesto final es de media un 40 por ciento inferior a la previsión inicial de coste de las obras. Las empresas tiran los precios para conseguir una adjudicación y, en ocasiones, logran hacerse con un contrato tras ofertar rebajas de hasta el 70 por ciento. Así ocurrió cuando se licitó el desbroce de un talud en las cercanías del Aeropuerto de Vigo por 9.400 euros y que finalmente fue adjudicado a una empresa que se ofreció a hacerlo por 2.900.Pero también ocurre con obras de mayor envergadura. El Ministerio de Fomento sacó a concurso el proyecto de adaptación de la Estación de Santiago a los servicios de alta velocidad por 19.150.000 euros. El proyecto se lo llevó Sacyr tras ofrecerse a hacerlo a mitad de precio (por 9.249.255 euros).En el caso de concellos y diputaciones las rebajas medias en la adjudicación de las obras rondan el 22 por ciento. En 2016 se licitaron proyectos por 157,3 millones que terminaron siendo contratados por 122 millones de euros.Son las empresas más potentes las que se llevan la mayor parte de los contratos. La prueba está en que hay diez compañías que concentran cuatro de cada diez euros invertidos por las administraciones. Acciona y FCC encabezan la lista.
