De las trece operaciones vinculadas a las antiguas cajas gallegas que el FROB envió a la Fiscalía tras el rescate europeo de su banco heredero, NCG, por supuestas irregularidades de los exdirectivos y un perjuicio de casi 1.000 millones de euros, solo cuatro fueron para delante porque los hechos en el resto estaban prescritos o Anticorrupción no encontró indicios de la existencia de un delito. Dos son de Caixa Galicia, ambos por sus relaciones multimillonarias con la inmobiliaria Astroc, paradigma del estallido de la burbuja del ladrillo en España y con un posible coste para la entidad de 300 millones de euros; y las otras dos de Caixanova: la concesión de un crédito en 2007 para la adquisición por 67 millones de terrenos en el ayuntamiento madrileño de Rivas Vaciamadrid y el proyecto para la construcción de un complejo residencial y puerto deportivo en la antigua conservera de Massó, en Cangas. La investigación sobre esta última operación queda en el aire, después de que ni el juez instructor, José de la Mata, ni la fiscal, Pilar Melero -que llevó también las prejubilaciones- solicitaran la declaración de causa compleja antes de los seis meses que la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal da de margen para las instrucciones. De hecho, la Audiencia Nacional decidió ayer paralizar las declaraciones previstas con varios imputados.
A finales de septiembre del pasado 2016, el juez De la Mata imputó al empresario Ubaldino Rodríguez, máximo responsable de la firma Residencial Marina Atlántica, encargada de la macrourbanización prevista para Cangas. Junto a él están investigados su mujer y seis ex altos cargos de Caixanova: Ángel López Corona, María Victoria Vázquez, Juan Manuel Gutiérrez y, actualmente en prisión por la condena de las indemnizaciones, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y el expresidente Julio Fernández Gayoso. Se les investiga, según figura en el escrito al que tuvo acceso FARO, por un presunto delito de administración desleal y apropiación indebida en el proyecto fallido de construcción del puerto deportivo y la urbanización de Massó.
Requerir información
Durante todo este tiempo pasaron por la Audiencia Nacional, según confirman fuentes judiciales, "un buen número" de técnicos y analistas que pertenecían a la entidad viguesa en la etapa en la que se aprobó el proyecto, además de empresarios. Hace solo dos meses que la Policía Judicial se presentó en Abanca para requerir información.
La lista de imputados se amplió con una decena de miembros del consejo de administración y más altos cargos, entre los que figuran Domingo González Mera y el ex director general, José Luis Pego, que también está en prisión en A Lama por la condena de las prejubilaciones. El turno de sus declaraciones empezaba ayer en la Audiencia Nacional, pero tanto el abogado del empresario Ubaldino Rodríguez como los de otros de los implicados recordaron al juez que se cumplieron ya los seis meses permitidos para mantener una instrucción abierta si no se declara compleja. Las comparencias de ayer y las del lunes están en suspenso, a la espera de lo que ocurra con las del martes y, en general, con la investigación al completo.
Tanto el juez instructor como la fiscal Melero, según apuntan las mismas fuentes, mostraron su incomodidad con la situación, pero el magistrado de la Audiencia Nacional encargado de tomar declaración no dejó siquiera que testificaran de forma voluntaria los citados ayer "porque la ley no lo permite".
"Aspecto esencial"
El escrito con el que se amplió el número de imputados en la causa remarca la necesidad de incluir a los diez y tener su declaración para "disipar algún aspecto esencial" en los hechos, "pertinente e influyente" en la decisión de juez sobre el cierre de la instrucción y la apertura o no del juicio oral.
El proyecto de Massó, que Ubaldino Rodríguez encargó al famoso arquitecto Norman Foster y sumaba un presupuesto de 150 millones, no llegó a levantarse por la fuerte oposición de la Cofradía de Pesca. La promotora, en la que Caixanova tenía el 50%, entró en concurso de acreedores en 2012 con una deuda de un millón de euros. En 2016 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló la decisión de la Autoridad Portuaria de Vigo de finalizar la concesión.
