Científicos y académicos piden a Feijóo que paralice el decreto que "frena la innovación" en Galicia

Remiten una carta al titular de la Xunta para trasladarle su malestar por la norma que regula la contratación de investigadores

05.05.2017 | 13:28

Investigadores y académicos, entre ellos reputadas personalidades como el genetista Ángel Carracedo, el experto en nutrición Felipe Casanueva o el director del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Antonio Figueras, junto a la gran mayoría de los colegios profesionales de Galicia, han suscrito una carta dirigida al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que muestran su "preocupación" por el borrador de decreto que regulará la contratación del personal investigador en Galicia puesto que, en su opinión, "obstaculizará captar nuevos recursos y personal y frenará la capacidad innovadora" de la comunidad autónoma. Y por esa razón le piden que lo paralice.

Esta norma establece una duración máxima para los contratos de los investigadores de 5 años, que se podrán renovar en función de las necesidades.

Esta limitación, según denuncian, no solo perpetúa la inestabilidad laboral de la plantilla investigadora sino que les impide el acceso a financiación y ayudas públicas procedentes del Gobierno y de la UE, para las cuales se exige que el investigador que las solicita tenga una estabilidad laboral de duración igual o mayor a la del proyecto.

La carta remitida al presidente de la Xunta se produce después de que el colectivo de científicos haya mantenido varias reuniones con cargos de la Consellería de Facenda y de Sanidade -de la que dependen buena parte de los investigadores afectados-. El rechazo generado por este decreto ha obligado a la Xunta a reabrir el plazo de alegaciones al texto e intentar negociar alguno de los puntos que provocan más rechazo. En cualquier caso, los investigadores apuntan que el Gobierno gallego se abre a modificar cuestiones menores pero se mantiene firme en limitar los contratos a cinco años.

Es, por esta razón, que buscan directamente una reunión con el presidente de la Xunta a quien se han dirigido por carta esta semana. Suscriben esta misiva una nutrida representación de investigadores: un total de 43 pertenecientes a tres institutos (el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur).

A ellos se han sumado catorce personalidades académicas y científicos, entre los que destaca el director de la Fundación Pública de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, el director del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, Carlos Diéguez, el director del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, Antonio Figueras, el director científico del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares, José Luis Mascareñas, así como varios decanos y catedráticos como la exconselleira socialista Laura Sánchez Piñón.

La carta cuenta también con el respaldo de la Unión Profesional de Galicia que integra a la mayoría de colegios profesionales, desde abogados, arquitectos, notarios, farmacéuticos hasta economistas. Y de forma específica firmaron la petición el Colegio de Biólogos, el Colegio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, el Colegio de Psicoloxía y la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio.

Según explica este colectivo, fue hace 17 años cuando se empezaron a incorporar investigadores al sistema público de Galicia. Hasta ese momento solo había profesionales que compaginaban la investigación con otras actividades como profesores de universidad o médicos. Desde entonces, tal y como relatan, la práctica totalidad "han ido encadenando contratos temporales". Algunos de ellos, los más veteranos, llevan casi veinte años en esta situación de inestabilidad laboral.

La relación laboral de los investigadores de la Xunta no estaba regulada por ninguna norma. Por esa razón, la Consellería de Facenda elaboró este borrador de decreto sobre la contratación de personal dedicado a tareas científicas en la administración gallega -quedan excluidos los que trabajan para las universidades-.

Pero lejos de satisfacer las demandas de más estabilidad de los investigadores, el colectivo se encontró con una limitación de los contratos a cinco años renovables. "Si sigue adelante este decreto, los investigadores que llevan hasta 17 años trabajando en la administración pública serán despedidos o en el mejor de los casos, seguirán siendo siempre trabajadores temporales", denuncia uno de los afectados.

Pero el problema va más allá. "Se dificulta la capacidad de atracción y retención de talento", explican en la carta remitida a Feijóo. Y además se "obstaculiza captar recursos y personal y se frena la capacidad de Galicia para avanzar, innovar y revertir beneficios en la sociedad". ¿Por qué? Por que la gran mayoría de convocatorias de ayudas públicas para proyectos de investigación del Gobierno y de la UE exigen que al frente se encuentre un investigador con un contrato estable.

Es lo que sucede, por ejemplo, con los proyectos Reto y Explora del Ministerio de Economía y Competitividad. "Muchos investigadores gallegos quedaron fuera y otros ni se presentaron sabiendo que no cumplían el requisito de estabilidad", denuncian. Tampoco pueden pedir financiación para tutelar tesis doctorales puesto que se exige que su contrato sea superior al periodo que el estudiante pasará incorporado al equipo.

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