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La Xunta inyecta 600.000 euros a la Risga un mes después de activar su presupuesto récord

El pago de cheques atrasados obliga a Política Social a pedir más fondos para atender 90 nuevas solicitudes -Los 58 millones de euros de esta partida casi triplican la de 2009

La Xunta inyectó el pasado mes de marzo 600.000 euros extra en la renta de inclusión social (Risga) para atender la demanda de un cheque mensual de 400 euros de media destinado a personas que no alcanzan esos ingresos. La decisión se produce en medio de los datos estadísticos que evidencian la recuperación económica y apenas un mes después de que entrasen en vigor las cuentas autonómicas de este año, que incluyen 57,5 millones de euros para esas ayudas, la cifra más alta de su historia. El motivo radica en que parte de los fondos se destinaron a pagar ayudas atrasadas y son necesarios más para abonar las nuevas.

Galicia cerró marzo con 210.056 desempleados, según el dato de paro registrado del Gobierno central, 56.000 menos que en el mismo mes de 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo y el PP alcanzaron la Xunta y derrotaron al bipartito. El presidente autonómico defiende con cifras como esas la reactivación económica, pero una franja de la población se mantiene al margen de ella. De hecho, uno de cada cinco gallegos se encuentra en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística.

Uno de los termómetros de la exclusión social y la falta de oportunidades laborales es la Risga, cuya dotación casi triplica en la actualidad la de 2009. Frente a aquellos 22,8 millones, los 57,5 actuales, la cantidad más alta presupuestada en la historia de la comunidad, 5,5 más que el año pasado, si bien aquella cifra fue ampliándose debido a la demanda, una constante desde 2012. De momento, este ejercicio se mantiene esa tendencia.

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El pasado marzo, la Consellería de Facenda autorizó la inyección extra de 600.000 euros en la Risga para que Política Social pudiese atender "90 solicitudes de ayudas nuevas", pues "superan la previsión inicialmente presupuestada por el incremento experimentado en las solicitudes pendientes de concesión", según el expediente de la operación.

Acabar con la lista de espera en este tipo de ayudas, que en algunos casos superaban el medio año, fue un objetivo señalado por la Xunta en octubre de 2015, cuando José Manuel Rey asumió la Consellería de Política Social, desgajada de la entonces Traballo e Benestar de Beatriz Mato. En muchos casos, esa dilación no era atribuible exclusivamente al Ejecutivo, pues las solicitudes se formalizaban en los concellos, en muchos casos desbordados por la demanda.

Estas ampliaciones de crédito son habituales ante la avalancha de familias que necesitan la Risga. Durante los diez primeros meses del año pasado, fueron concedidas 13.371 ayudas, apenas 1.379 menos que durante todo 2015, por lo que la previsión apuntaba a cerrar un ejercicio con el máximo histórico de personas atendidas, por encima de las 15.619 de 2013, si bien Política Social todavía no ha facilitado los datos cerrados de noviembre y diciembre.

El funcionamiento de la Risga obliga a la consellería competente a presupuestar ayudas completas hasta el fin del ejercicio a quien reciba el visto bueno, aunque muchos beneficiarios salen y entran de la lista durante el período, por ejemplo, en que logran un contrato. Para lograr este subsidio, es imprescindible ingresar menos que la cantidad a que se tiene derecho, que oscila entre los 400 y los 718 euros mensuales, si se tiene a cargo a siete familiares.

La Risga, sin embargo, está pendiente de un cambio para tratar de favorecer la inserción laboral de quienes la cobran. La legislación que permite compaginarla con un trabajo temporal se aprobó en 2013, pero casi cuatro años después la Xunta todavía no ha desarrollado el decreto necesario para ponerlo en marcha. Política Social ha prometido darle luz verde este mismo año.

A partir de entonces, la Risga establecerá tres tramos entre sus perceptores. El primero permitirá cobrar el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supondría este año 452 euros mensuales, aumentando en función de las cargas familiares.

Los dos siguientes capítulos concentran los cambios. En el segundo, el beneficiario deberá seguir un itinerario personalizado de inserción laboral y cobrará un 11% más durante un año y medio como máximo. Posteriormente, afrontará el tramo de transición al empleo y podrá cobrar el subsidio al mismo tiempo que trabaja durante un plazo no superior a seis meses. Entre ambos ingresos, no podrá superar los 954 euros al mes, aunque la aportación pública irá reduciéndose poco a poco.

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