La Consellería de Facenda negó ayer las acusaciones del sindicato CSIF sobre la petición a los trabajadores de datos sobre sus enfermedades o las de sus familiares a la hora de solicitar los permisos retribuidos a los que tienen derecho.
El sindicato denunció que algunos órganos de personal del Ejecutivo "reclaman información a los empleados públicos no contenida en los informes médicos para valorar si el grado de enfermedad se acoge o no al catálogo de enfermedades graves" que establece las características de cada permiso por enfermedad. "Se les está reclamando que acrediten la tipología de enfermedad a efectos de clasificarla como grave o muy grave, clasificación que solo le corresponde al médico, lo que atenta contra el derecho fundamental a la intimidad", expuso el CSIF, que recordó que esas prácticas se exponen a multas de entre 300.001 y 600.000 euros.
También alegó un informe de la Agencia de Protección de Datos reconociendo que esa práctica sería "excesiva", pero no aportó prueba documental de que se incurra en ella.
Por su parte, Facenda, competente en materia de Función Pública, respondió que no ha recibido quejas sobre esas peticiones de datos, negó esa práctica cuando un trabajador solicita un permiso retribuido por enfermedad propia o de un familiar y recordó que, en el caso de las bajas, el médico solo establece la duración de la misma, no su motivo concreto.
