En julio del pasado año la Comisión Europea imponía una multa de 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones por actuar como un cártel durante 14 años y pactar, entre otras irregularidades, los precios de venta de sus vehículos. El comportamiento ilícito por parte de los cinco grandes -Iveco, DAF, Volvo-Renault, MAN y Daimler-Mercedes-, que reconocieron el acuerdo, abrió además la puerta a que los transportistas que compraron camiones de más seis toneladas a estas marcas entre los años 1991 y 2011 puedan presentar reclamaciones por el sobrecoste pagado en los vehículos. En Galicia se acaba de poner en marcha la primera plataforma de afectados, impulsada por Fegatrans-Apetamcor, para solicitar de forma colectiva las compensaciones. Según los cálculos de la patronal, en la comunidad podrían interponer reclamaciones unos 30.000 propietarios de camiones, cuyas indemnizaciones ascenderían a 150 millones de euros, a razón de unos 5.000 euros de media por cada vehículo nuevo adquirido durante los catorce años que funcionó el cártel.
El motivo de esta reclamación radica en la estimación de que los fabricantes pactaron un sobreprecio de fábrica del 10%, dinero que ahora pueden reclamar los compradores. El coordinador xeral de Fegatrans, Alberto Vila, calcula que de media serían unos 5.000 euros por camión y que en caso de reclamar todos los afectados, unos 30.000 solo en Galicia, la indemnización total rondaría los 150 millones. Pero para eso tendrían que solicitarla todos los involucrados.
Sin embargo, la cantidad concreta a la que tiene derecho a reclamar cada transportista no es lineal ni automática. Su cálculo exige la emisión previa de un informe pericial en el que se relaciona el tipo de vehículo según tonelaje, modelo, marca y año de matriculación. Y esta operación no es barata.
Alberto Vila asegura que el coste del peritaje es "muy elevado", de ahí la creación de una plataforma para canalizar las reclamaciones y obtener precios más asequibles en los informes periciales, porque la iniciativa de Fegatrans está asociada a la plataforma nacional impulsada por Fenadismer.
Una duda que surge a la patronal es cuándo termina la fecha para exigir las indemnizaciones. Se sabe que el plazo es un año, pero no está claro cuándo empezó a contar, si en julio de 2016 cuando se conoció la sanción de la Comisión Europea o en abril de este año cuando se publicó la resolución en el Diario Oficial de la Unión Europea. De ahí que para obrar sobre seguro, la plataforma pide a los afectados que tramiten sus reclamaciones antes del próximo día 30 de junio.
Además de pactar los precios, los cinco grandes fabricantes de camiones incurrieron en otras ilegalidades, como fijar de forma conjunta el calendario para la introducción de nuevas tecnologías para cumplir con la normativa de emisiones y repercutir a los clientes el coste de implantar estas reglas.
La sanción iba a ser mucho mayor, pero los fabricantes reconocieron la existencia del pacto y vieron rebajadas las multas entre un 10% un 40%. MAN quedó exonerada por ser la empresa que reveló los pactos. Daimler tiene que pagar 1.008 millones de euros, DAF 742,5; Volvo-Renault 670,5; e Iveco, 494,6. Scania, el otro gran fabricante, está también bajo investigación, pero sin que por el momento haya sido objeto de sanción alguna.
