La lucha contra el fraude se ha convertido en una de las patas fundamentales de la gestión tributaria. No solo por justicia. Hay mucho de necesidad entre las administraciones ante los mínimos de recaudación que dejó la crisis y el alza de las necesidades de gasto para, precisamente, reforzar la atención a los colectivos y sectores más afectados por el parón de la actividad. En la comunidad hay un antes y un después de la inspección fiscal con la creación de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga). La vigilancia del pago de impuestos se reagrupó en los servicios centrales del organismo, un proceso que la Inspección General del Ministerio de Hacienda alaba porque "permite fijar unas directrices únicas para todas las unidades inspectoras" y "por la propia selección de contribuyentes centralizada", que permite focalizar las actuaciones inspectoras "de acuerdo con los planes de la Atriga". Mayor coordinación y control que se traduce en más actas de inspección. En 2015, según recoge el informe de supervisión del Gobierno central sobre la axencia gallega, fueron 696 en sus principales impuestos, un 110,9% más que el ejercicio anterior (330).
También hay un importante aumento del importe de las actas, un 35% por encima de 2014, hasta los 29,223 millones de euros. Aunque son más, la cuantía media por cada una baja de 66.000 euros a 42.000.
Del total de actas, la mitad, 341, se instruyeron por el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). El número aumentó un 97,1%, pero con un recorte del 32,5% en la deuda aflorada (12,239 millones de euros). "El notable incremento en el número de actas incoadas obedece al desarrollo de planes de actuación específicos sobre concesiones administrativas que ha motivado un número relevante de actas, en gran parte de disconformidad, además de las derivadas de la explotación de los cruces de información de los protocolos notariales", explica el informe.
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Al igual que sucedió con la aplicación del ITP a las autorizaciones de los parques eólicos -sin efectos ya por la anulación del Tribunal Económico-Administrativo (TEAR)-, la decisión de la Atriga de cobrar el gravamen a las empresas que se asumen la gestión de un servicio público también se judicializó. Durante muchos años el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) descartó que las concesiones se pudieran someter al ITP, pero en 2014 cambió su criterio y avaló a la Xunta en la mayoría de los recursos presentados por adjudicatarias. Entre otros caminos para comprobar las concesiones, el Ejecutivo autonómico recurre a su plataforma de contratación, a boletines oficiales o "específicamente mediante requerimiento".
Por Sucesiones y Donaciones (ISD), los técnicos de la Atriga formalizaron 316 actas, un 112% más que en 2014; y el importe casi se quintuplicó: de 3,5 millones de euros a 16,7 millones. La Agencia Tributaria estatal (AEAT) dispone de una herramienta muy potente de la que también se aprovechan las comunidades para localizar y emplear cualquier información de su base de datos. A partir de la relación de fallecidos que facilita la AEAT, la Xunta puede rastrear "posibles no declarantes" e incluso el patrimonio de los herederos que están intentando evitar el pago del impuesto. Las actas incoadas por la Atriga "responden a dichas actuaciones sobre no declarantes", junto con donaciones que también intentar pasar desapercibidas y que la Xunta rastrea a través de la información de los notarios.
El resultado de los ingresos se quedó por debajo de lo inicialmente previsto por los responsables de la Atriga. Se cumplieron el 79% de los objetivos recaudatorios, según recoge la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Un porcentaje que llegó al 99% en los servicios territoriales de A Coruña y "en menor medida" -el documento no detalla cuánto- los de Lugo y Pontevedra.
El 45% de la deuda detectada fue de contribuyentes de A Coruña; el 27% del área de Vigo; el 10% de Ourense; y algo más del 8% tanto en Pontevedra como en Lugo.
Limitaciones para investigar grandes patrimonios
- En el Impuesto del Patrimonio, el que abonan las grandes fortunas, las inspecciones también se multiplicaron por casi cinco, aunque son evidentemente muchas menos, 39, con un saldo de 255.000 euros.El Ministerio de Hacienda elogia la actuación inspectora de la Atriga gracias a la principal herramienta de rastreo de la AEAT, pero advierte de limitaciones en el acceso, "fundamentalmente respecto al control del Impuesto del Patrimonio". Por ejemplo, en información sobre retenciones de trabajo, cuentas bancarias, presencia en el capital de empresas o titularidad de inmuebles.
