El Ministerio de Hacienda someterá a las universidades a una auditoría para verificar cuántos profesores tienen contratados y si las relaciones laborales se ajustan a las modalidades establecidas por ley. El Gobierno central quiere disponer de datos precisos para hacerse una idea de cuántas contrataciones temporales pueden convertirse en indefinidas y, de paso, averiguar si hay plazas que no han seguido un procedimiento reglado por haber entrado en la universidad por la puerta de atrás. Todo ello con vistas a determinar la oferta de empleo público contemplada en el proyectos de ley de los presupuestos para 2017, en caso de que finamente se apruebe.
Esta auditoría afecta a todas las universidades públicas de España y aparece recogida en el "Acuerdo para la mejora del empleo público" que firmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los dirigentes de los principales sindicatos de la administración, Comisiones Obreras, UGT y CSI-F. En el tercer punto de pacto firmado a finales del pasado mes de marzo figura la creación de un grupo de trabajo para analizar la "evolución y la situación del empleo en las administraciones públicas, con especial referencia a las universidades".
Fuentes del ministerio de Montoro confirmaron que el acuerdo es claro y que se pedirá a las instituciones académicas un registro de todos los docentes que tienen en nómina para que el Gobierno central pueda hacer sus números.
El objetivo de esta revisión específica, que también afectará a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, es conocer qué puestos temporales de trabajo en las universidades podrán consolidarse en la histórica oferta de empleo público, cuya previsión es convertir en indefinidas 250.000 plazas temporales en los tres próximos años en todo el conjunto de las administración públicas.
Según los últimos datos de las propias universidades, el sistema gallego dispone de 4.846 profesores, de los que 2.043 pertenecen a la institución académica de Santiago de Compostela, 1.427 a la de A Coruña y 1.376 a la de Vigo. Las plantillas se han visto mermadas en los últimos años por causa de la crisis económica, ya que los rectorados solo pudieron cubrir una de cada diez vacantes producidas porque el Gobierno fijó la tasa de reposición en el 10%.
¿Por qué se auditará a las universidades? Porque en las negociaciones entre Hacienda y los sindicatos se puso de manifiesto que algunas instituciones no han seguido los trámites oportunos legales para contratar docentes, recurriendo a modalidades que no están recogidas oficialmente.
Además, en sospecha que algunas ha abusado de la temporalidad y según la Ley Orgánica de Universidades, el personal docente e investigador contratado no podrá superar el 49% del total de la plantilla de profesores. Los sindicatos sostienen que se incumple sistemáticamente los límites que marca normativa y que el peso de los contratos temporales supera con creces los máximos fijados por ley.
