Hace más de 25 años cuando no existía Sogama, los contenedores no estaban a la vuelta de la esquina ni los camiones de basura recorrían todas las aldeas, los montes gallegos eran el gran basurero de Galicia. Aunque poco a poco la Xunta ha ido clausurando vertederos, los residuos siguen manchando espacios no solo en el entorno de las ciudades sino también en zonas forestales. La Policía autonómica denunció el pasado año casi 1.200 puntos de vertido, la mitad de ellos son desechos domésticos.

La localización de estos vertederos siempre estuvo entre las tareas de los agentes de la Policía autonómica, pero en los últimos años se han reforzado las inspecciones para tratar de realizar un censo actualizado de estos puntos de vertido con el propósito de erradicarlos y recuperar el equilibrio medioambiental.

En 2015 se localizaron 1.305 vertederos y el año pasado otros 1.180. Aunque en la mayoría de los casos los residuos aparecen mezclados, la Policía autonómica, en su memoria anual, logró identificar un total de 610 puntos de vertido de residuos domésticos y urbanos. Otros 411 estaban compuestos básicamente por desperdicios de la construcción y restos de demoliciones y en 37 casos lo que se encontraron los agentes fueron neumáticos viejos apilados.

Determinados residuos no pueden tirarse sin más en cualquier cuneta sino que tienen que ser trasladados a gestores autorizados para que los traten. Ocurre, por ejemplo, con los neumáticos, pero tampoco se pueden dejar vehículos abandonados en el monte, una práctica que está sancionada con multas que pueden llegar a los 900 euros. La Policía autonómica denunció el pasado año a un millar de propietarios por dejar su coche en desuso en una zona forestal. Son un 7 por ciento más que los detectados en 2015.

Pero donde se producen más denuncias por la gestión de residuos es en los talleres mecánicos y pequeñas industrias. Solo el año pasado los agentes de la Policía autonómica detectaron 1.349 irregularidades en estas pequeñas empresas, entre las que se incluyen establecimientos productores de residuos contaminantes (aceites, plásticos, baterías o neumáticos...). Se vigila que cumplan la normativa de almacenamiento y se entreguen los restos a los gestores autorizados en los plazos correctos.

En la construcción también hay inspecciones. La Policía autonómica formuló en 2016 un total de 67 denuncias por residuos relacionados con obras. La ley obliga a las constructoras a disponer de un plan previo pormenorizado de producción y eliminación de residuos. El material sobrante debe ser entregado a los gestores autorizados que se harán cargo de reciclarlo.

Tirar aceites vegetales sin su correcto tratamiento también es objeto de denuncia por parte de la Policía autonómica. Los agentes visitan restaurantes, centros de la tercera edad o comedores de colegios para supervisar que estos aceites sean entregados a las empresas autorizadas para su tratamietno. En 2016 hubo 117 establecimientos que incumplieron estas exigencias y fueron denunciados.

No se libran de las inspecciones ni los puntos limpios. La Policía autonómica revisó las instalaciones de 55 de estos centros y detectó 112 incumplimientos. Las infracciones más frecuentes son mezclar líquidos de distinto origen, no depositar los residuos en los contenedores adecuados, irregularidades en la señalización o deficiencias en los cierres que delimitan estos puntos limpios.