En los 31 concellos gallegos afectados por la plaga de la polilla guatemalteca de la patata -13 de las comarcas coruñesas de Ferrol, Eume y Ortegal y 18 de la Mariña lucense- el Ministerio de Agricultura prohibió a principios de marzo la plantación de tubérculos. Todas las plantaciones de patata existentes en las zonas infestadas serán desenterradas, retiradas y destruidas, al igual que los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con las patatas contaminadas o en la misma estancia.
Para indemnizar a los productores por la plantación y mercancía perdida, la Consellería de Medio Rural publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las bases para la concesión de indemnizaciones en materia de sanidad vegetal.
El departamento autonómico reserva un presupuesto inicial de 250.000 euros tanto para la Tecia Solanivora de la patata como para el hongo Fusarium circinatum del pino, aunque no descartan ampliar la partida si la actual no llegase para compensar a todos los afectados.
La cifra se queda lejos de los 3,5 millones de euros que reclamaba el sindicato Unións Agrarias. Esta organización agraria pedía que también hubiese compensaciones por lucro cesante para los productores que siguieron las indicaciones del Ejecutivo autonómico de no plantar.
Son 4.500 las fincas de patatas registradas para su destrucción en los concellos donde se decretó la cuarentena -2.364 en A Coruña y 2.115 en Lugo- cuyos dueños tendrán que arrancar directamente la patata sembrada esté o no infectada por la polilla y entregarla, igual que la que tuvieran antes reservada para hacer semilla con ella para futuras plantaciones.
En base a este dato, el Gobierno gallego diseñó el baremo de indemnizaciones de acuerdo con Asturias, donde la plaga se detectó en siete concejos.
La normativa recoge dos tipos de indemnizaciones. Por un lado, en las fincas en las que tengan que levantarse las patatas se pagarán 40 céntimos por metro cuadrado. Por otro lado, se pagarán entre 30 céntimos por cada kilo de patata de consumo producidas en la explotación y un máximo de 70 céntimos por no usar la patata de simiente certificada que se adquiriese antes del 5 de marzo.
En el caso de los almacenes, se fija como criterio en las patatas de simiente el precio de compra justificándolo con la factura de venta del proveedor, mientras que en la de consumo se abonará la tarifa de adquisición por parte de los almacenistas.
