En medio de la vorágine de imputaciones de la operación Lezo que han salpicado al PP, los populares votaron ayer con la oposición para instar a la Xunta "a aprobar un plan antifraude en la contratación pública en el ámbito del sector público autonómico", incluso a pesar del veto del PSdeG, autor de la propuesta, a su petición de recordar medidas ya aplicadas por la Xunta.

El socialista Juan Díaz Villoslada consideró una "prioridad" la lucha contra las manipulaciones en las licitaciones públicas, que "inundan medios y juzgados", en referencia al caso Lezo, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Cifró, citando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que esas prácticas cuestan 40.000 millones de euros al año en España.

La popular Paula Prado reconoció que su partido está "abochornado" con todos los "casos de corrupción, vengan de expresidentes de la Junta de Andalucía [del PSOE] o de expresidentes de Madrid [del PP]".

Expulsados del 112

Al pleno también llegó el conflicto laboral en el servicio de emergencias del 112 tras el traslado a las nuevas instalaciones de A Estrada. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que la huelga del personal "complicó" la atención a la ciudadanía, pero negó "incidencias" que "pusieran en peligro" la atención a los usuarios.

Trabajadores del 061 y del 112 lo llamaron "mentiroso" a gritos desde la tribuna de invitados, por lo que fueron expulsados. La presidenta del comité de empresa del 112, Isabel Moares, aseguró después que el bloqueo de un programa informático provocó que los trabajadores tuviesen que atender las llamadas "con papel y lápiz". El traslado, denunció, fue "peligroso".