El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la CIG contra la Xunta por ampliar de cuatro a seis años la vigencia de los contratos de financiación con los centros educativos concertados. Hasta ahora su duración era de cuatro años, si bien se revisaba anualmente que cumplían los requisitos.
El cambio introducido por la Consellería de Educación responde a la entrada en vigor de la Lomce, que fija la vigencia de los conciertos en seis años para los centros de Primaria, pero la Xunta optó por establecer la misma duración al resto de las etapas educativas, lo que motivó la denuncia de la CIG."La consellería amplía la concesión para todos los niveles a seis años y condiciona los presupuestos para los próximos seis años al establecer y garantizar las partidas que la enseñanza privada va a recibir en ese periodo", argumenta el sindicato nacionalista.
La CIG asegura que al blindar los conciertos hasta el curso 2022/23 se están comprometiendo 1.550 millones de euros. "No hay límite ni mesura para beneficiar y transferir dinero público a la educación privada, aunque la enseñanza pública, desde el año 2009, acumule unos recortes presupuestarios de 1.943 millones", explica Anxo Louzao, secretario nacional de la CIG-Ensino.
