La revisión de las tarifas para circular por las vías de pago estatales sale de una complicada fórmula matemática en la que el Ministerio de Fomento mezcla, entre otras cuestiones, el Índice de Precios al Consumo (IPC) y la intensidad del tráfico en cada una de ellas. A la Autopista del Atlántico le tocó este año bajar los peajes. Un 0,37% que sigue al descenso del 0,55% que ya se aplicó en 2016 y la congelación de 2015. El trayecto completo desde Fene hasta Tui sale en estos momentos por 20 euros para un turismo. Aún así, pese al abaratamiento para los usuarios, Audasa se mueve en los mayores beneficios de los últimos cinco ejercicios: 45 millones de euros. Y quiere más. Quiere la "actualización extraordinaria" de los importes que figura en el real decreto de 2011 a cambio de las obras de ampliación; y el de 2013 para bonificar el viaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra, uno de los tramos más caros de todo el país. El Consejo de Administración de la compañía, como avanzó FARO el pasado jueves, presentó un recurso contencioso-administrativo para reclamar la subida de las tarifas. El saldo a compensar, según las cifras que maneja la propia Audasa, asciende a 114,708 millones de euros.
Ambos acuerdos son fruto de un cambio en la concesión. En el caso de los trabajos en Rande y los accesos de la autopista en Santiago, se establece un incremento de tarifas "con carácter extraordinario" y "de forma moderada" hasta "compensar la inversión, los gastos de conservación y demás derivados de las obras". Una cuantía que, por lo tanto, todavía puede aumentar mientras no concluya el proyecto. ¿Cuánto va? Entre 2014 y 2016, el dinero anticipado por Audasa asciende a casi 140 millones de euros: 4,6 millones en estudios y proyectos; 7,3 millones en expropiaciones de terrenos; 85,9 millones por dirección, control y ejecución de obras; 1,4 millones en trabajos de la empresa para su inmovilizado; y 35,7 millones en gastos financieros netos.
Esta última partida no está entre los costes compensables -el 95% del rendimiento que le saca Audasa a sus emisiones de deuda está exento de tributar-; ni tampoco los 35,7 millones destinados al enlace de Sigüeiro, que, como recoge el real decreto con el acuerdo de las obras, se cubrirá a cargo del peaje a los usuarios que realicen el nuevo recorrido.
Las inversiones para las que la concesionaria de la AP-9 pide la actualización extraordinaria suman, por tanto, 99,498 millones, incluidos los 5,3 millones en concepto de actualización financiera.
El convenio entre Audasa y la administración para la "bonificación por habitualidad" en los usuarios que recorren el tramo entre Vigo y Pontevedra incluye la misma opción de una actualización de los peajes a mayores de la que salga de la revisión de cada comienzo de año. En 2015 estaban pendientes unos 9,6 millones de euros. Durante el pasado 2016 la compensación por repercutir en las tarifas aumentó hasta los 13,7 millones. También aquí está recogido el derecho de actualización financiera, que dejan el total en 15,21 millones.
La cuantía no aparece reflejada en el balance de Audasa porque, como reconoce, no cumple "todos los requisitos" que impone la normativa contable para considerarlo un activo más de la compañía. "Lo que en ningún caso -añade- afecta de manera alguna al derecho que establece el real decreto 104/3013 [con el acuerdo de los descuentos] a percibir la compensación".
A las previsiones que la compañía presentó a la administración para la primera modificación de la concesión en 2000 -por una serie de inversiones, Audasa alargó su propiedad en la AP-9 hasta el 18 de agosto de 2048-, le siguió una actualización del cuadro de negocio en 2012. Es el último que se conoce. En él, la empresa estima para el periodo 2011-2048, una inversión en reposición del firme de 153 millones y 1.680 millones de euros en gastos financieros, frente a unos ingresos de peaje de 9.561 millones de euros. A una media de 251 millones de facturación anuales.
El pasado 2016, según las cuentas remitidas esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cobro por peajes le reportó 138,6 millones de euros, un 3,3% más gracias al incremento de los tráficos.
