El proceso de regularización catastral iniciado en 2013 para descubrir bienes inmuebles ocultos e incorporarlos a la tributación está teniendo efectos muy desiguales en las comunidades autónomas, reflejando también de alguna manera el nivel de control y disciplina urbanística con que operan los respectivos ayuntamientos. Los resultado del llamado "catastrazo" son muy dispares. Así, mientras en el conjunto de España los inspectores detectan como media 499 bienes ocultos por ayuntamiento, en el caso de Galicia se encuentran más del doble, concretamente 1.172 inmuebles por concello. Por contra, en comunidades como La Rioja, Aragón o Castilla y León no se identifican más de 150 por ayuntamiento.
Hace ya cuatro años, el Ministerio de Hacienda emprendió una campaña especial de rastreo para descubrir nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, cambios de uso, naves agrarias y hasta piscinas que estaban sin declarar y por las cuales los propietarios no pagaban tributación alguna, pues escapaban al control municipal y no se les aplicaba el IBI.
Pero una vez descubiertos mediante inspecciones oculares y fotografías aéreas, el Catastro los incorpora a su registro para que en adelante estén sujetas al abono del IBI, dejando en manos de los municipios si quieren aplicar o no una multa por edificar sin licencia. El procedimiento es el siguiente: tras identificarse la nueva construcción o el cambio de uso, el propietario recibe una carta del Ministerio de Hacienda informándole de su descubrimiento, al tiempo que se les traslada que deberá pagar una tasa de 60 euros para regularizarlo. Al año siguiente se actualizará el recibo que pagan por el IBI incorporando las propiedades por las que hasta ahora no tributaban. Y además quedan obligados a abonar los atrasos -unos 286 euros de media-.
Haz click para ampliar el gráfico
Según el balance pormenorizado difundido esta semana por la Dirección General del Catastro con los resultados obtenidos en 2.877 ayuntamientos de toda España, en total los inspectores han destapado casi 1,5 millones de inmuebles sin declarar, de los que 1,126 son bienes urbanos y el resto, algo más de 310.000, de naturaleza rústica.
Por cada municipio se descubrieron de media 499 bienes ocultos, pero mostrando grandes diferencias según la comunidad de que se trate. En Galicia los resultados fueron más del doble, con casi 1.200 nuevas construcciones identificadas por el catastrazo, ya que se identificaron 106.663 bienes (85.098 de naturaleza urbana y 21.465 rústicos) repartidos en 91 ayuntamientos. Pero hay dos autonomías que superan a la gallega. Se trata de Murcia, con 1.917 inmuebles detectados por municipio y Canarias, con 1.338. En el extremo opuesto figuran La Rioja con 87, Castilla y León con 129 y Aragón con 149.
Lugo a la cabeza
En cuanto a las provincias, dentro de Galicia el comportamiento es muy desigual. A la cabeza se sitúa Lugo -su condición eminentemente rural favorece la laxitud urbanística-, con 2.080 construcciones identificadas por cada concello, seguida de A Coruña con 1.094, Pontevedra con 811 y Ourense con solo 648.
Pero si hay un ayuntamiento que destaca por las altas cifras de bienes ocultos, ese es sin duda Vilalba. Con una población que no llega a los 16.000 habitantes, el Catastro regularizó nada menos que 7.248 inmuebles. El segundo lugar aparece Lugo, con 4.513 bienes, seguida de Chantada (4.368), Cospeito (3.903), Castro de Rei (3.153) y Ribeira (3.142). El primer ayuntamiento de la provincia de Pontevedra figura en el décimo puesto en el ranking autonómico y corresponde a Ponteareas, con 2.144 nuevas construcciones que no estaban declaradas. Por encima de las 2.000 construcciones ocultas también están los ayuntamientos de Sober, Coristanco, Patón, Begonte y Abadín. La mayoría pertenecen a la provincia de Lugo.
De los más de 106.663 inmuebles descubiertos en Galicia, el 43,5% corresponde con nuevas construcciones, mientras que un 37,4% son ampliaciones y rehabilitaciones, un 15,7% cambios de uso y el 3,3% restantes, piscinas.
En términos absolutos, el mayor número de bienes ocultos sin declarar se encontraron en Andalucía con, más de 270.000, seguida de Cataluña, con 109.028. Tras ellas ya aparece Galicia y por detrás, Valencia, con 105.271.
Hacienda revisará este año el valor de referencia para el IBI en 70 ayuntamientos
- En octubre el pasado año, el Ministerio de Hacienda acordaba la lista de ayuntamientos en los que se iban a revisar los valores catastrales para calcular el IBI. Sin embargo, no se pudo aplicar porque los presupuestos generales del año 2016 se prorrogaron al actual y la medida quedó sin efecto.Sin embargo, la situación ha cambiado con la presentación del proyecto de las cuentas para este año, entregadas esta semana al Congreso para que inicien su tramitación parlamentaria. Y ahí se recoge la revisión catastral que había quedado aparcada en octubre. En la comunidad gallega serán 70 los concellos sometidos a esta actualización sobre la que luego las alcaldías calculan el IBI. Ocho de ellos son de la provincia de Pontevedra: A Guarda, Crecente, Dozón, O Porriño, Ponteareas, Rodeiro, Salceda de Caselas y Vilanova de Arousa.En A Coruña con trece los ayuntamientos afectados, entre los que figuran Boiro, Narón, Santa Comba, Fisterra, Frades o Santiso. En Lugo hay catorce (Ribadeo, Taboada, Vilalba o Xove entre ellos) y Ourense es la provincia con más municipios que se someterán a revisión, 35 en total. Entre ellos están Allariz, Avión, Baltar, Viana do Bolo, Ribadavia, Boborás, Cartelle, Celanova, Os Blancos o Xunqueira de Ambía.En el conjunto del Estado, la actualización de los valores catastrales para adecuarlos al precio de mercado alcanzará a 2.500 ayuntamientos que contienen 11,4 millones de inmuebles.La revisión de Hacienda en sí no supone incrementar o rebajar el IBI, sino que son los ayuntamientos los que posteriormente deciden si aplican o no una subida impositiva.
