La postura de la Xunta ante el problema de los recargos regionales que el Tribunal Supremo obliga a aplicar en aquellas comunidades, como Galicia, que cuentan con impuestos que gravan las actividades energéticas es, según el PSdeG, un caso de "inacción" por "permitir un tratamiento discriminatorio a los ciudadanos" gallegos. "Una discriminación inaceptable", insiste Xoaquín Fernández Leiceaga, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, que ayer puso sobre la mesa los tres meses que da de margen el alto tribunal al Ministerio de Energía para que complete los llamados "suplementos territoriales" , como ya adelantó FARO.

Esos suplementos fueron solo una opción contemplada en la ley del sector eléctrico, hasta que el Gobierno las convirtió en obligatorias en 2013 para evitar distorsiones en la unidad de mercado. Algo que no se concretó hasta que el Tribunal Supremo lo ordenó. Por el momento se activaron en Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha y el alto tribunal acaba de instar a que se haga en el resto con este tipo de tasas, incluida Galicia.

Los socialistas dan por hecho que, además del canon eólico, la subida a todos los clientes de la comunidad deberá repercutir el canon a los embalses y el de contaminación atmosférica: un total de 43 millones de euros. Leiceaga reclama "una ofensiva parlamentaria" ante "un ataque que no debe quedar sin respuesta". Entre otras cosas consecuencias, advierte, "las empresas pueden despreocuparse por la fiscalidad medioambiental, que ya recaerá en los ciudadanos".

Entre las "líneas de actuación" que propone el PSdeG está la reforma de la ley del sector eléctrico, que es competencia estatal; "o incluso presentar un recurso de inconstitucionalidad" como hizo Extremadura con la ley que activó los suplementos territoriales.